É importante a leitura do artigo escrito por Jorge G. Castañeda, publicado no jornal venezuelano El Universal no dia 17 de outubro de 2008, sobre a importância da justiça penal internacional.
En defensa de la justicia internacional
Jorge G. Castañeda
El avance en la lucha contra la impunidad está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU
Poco después de que ocupara mi cargo de ministro de Asuntos Exteriores de México en 2001, me encontré en mi escritorio con un problema inusitado. Un oficial naval argentino, que se había instalado en México con nombre falso, era buscado por España con las acusaciones de genocidio, torturas y terrorismo. El oficial, Ricardo Miguel Cavallo, estaba implicado en violaciones cometidas en 1977 y 1978 en la tristemente famosa Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires. Según el acta de acusación español, Cavallo pertenecía a la unidad de operaciones de un grupo que participó activamente en el secuestro y las torturas de personas a las que el régimen consideraba izquierdistas.
La cuestión que se me planteaba era la de si extraditar a Cavallo a un país tercero, España, para que fuera juzgado por violaciones de los derechos humanos cometidas en la Argentina. La firma de aquellos documentos representaría una innovación, pues indicaría por primera vez que los presuntos violadores de derechos podrían ser procesados en cualquier parte del mundo en los casos en que no fuera probable que la justicia cayera sobre ellos en su país.
Para mí, la decisión fue sencilla: los crímenes exigían justicia y era más probable que se pidiesen cuentas a Cavallo en España que en la Argentina. En aquella época, la legislación de amnistía en la Argentina lo protegía contra el procesamiento, conque firmé los documentos relativos a su extradición.
Desde entonces, se han logrado muchos avances para velar porque los delitos más graves del mundo dejen de quedar impunes. La Corte Internacional de Justicia está funcionando y 107 Estados, incluido México, han ratificado el tratado por el que se creó la Corte y han aceptado su jurisdicción.
Los tribunales nacionales, como, por ejemplo, los de España, desempeñan un papel cada vez mayor en la lucha contra la impunidad mediante el ejercicio de la jurisdicción universal. El aumento de esos tipos de procesamientos ha motivado, a su vez, a los países, incluidos Chile y la Argentina, para abrogar su legislación de amnistía a fin de que se pueda juzgar en sus países a presuntos criminales de guerra. Los juicios a Slobodan Milosevic y a Charles Taylor han demostrado que incluso los jefes de Estado han dejado de estar a salvo de procesamientos. A medida que aumentan las opciones de procesamiento, se va reduciendo el grado de comodidad para los perpetradores de esos crímenes.
Ahora la cuestión de si el avance en esa lucha contra la impunidad continúa o retrocede está en manos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El pasado 14 de julio, el fiscal de la CIJ, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, anunció que iba a solicitar una orden judicial de detención para el presidente del Sudán, Omar al-Bashir, por haber orquestado las atrocidades de Darfur. Inmediatamente después del anuncio, el Gobierno del Sudán y sus aliados iniciaron una campaña diplomática encaminada a lograr un aplazamiento de la investigación durante doce meses. Están consiguiendo más apoyo del que deberían... en parte por el miedo a que haya represalias contra el personal de mantenimiento de la paz y los agentes humanitarios de las Naciones Unidas.
Pero el Consejo de Seguridad debe ser extraordinariamente prudente al examinar posibilidad alguna de suspender las actuaciones de la CIJ. Semejante decisión sería un grave revés para el movimiento encaminado a acabar con la impunidad de los más graves crímenes. Indicaría que los señores de la guerra y los dictadores procesados pueden eludir la justicia manteniendo como rehén al Consejo de Seguridad mediante amenazas de una mayor violencia.
Suspender de ese modo la labor de la CIJ socavaría su capacidad disuasoria, uno de los fines para los que fue creada. Aplazar la causa contra al-Bashir socavaría gravemente el importante principio, que ha ido arraigando gradualmente en el mundo, de que nadie está por encima de la ley.
La decisión del Consejo de Seguridad de remitir la situación en Darfur al fiscal de la CIJ en marzo de 2005 fue un importante hito en la lucha contra la impunidad. Dicha decisión demostró por primera vez que había una institución que podía investigar los más graves crímenes internacionales y procesar a sus autores, independientemente del lugar en que se cometieran.
Aparte de ser una victoria para la justicia internacional, esa remisión fue también una promesa a las víctimas de crímenes horripilantes en Darfur de que quienes los habían perpetrado contra ellas habrían de rendir cuentas un día. La decisión del Consejo de Seguridad de renunciar a ese compromiso equivaldría a algo más que abandonar a las víctimas de Darfur. Sería un importante golpe a quienes han luchado en todo el mundo con vistas a acabar con la impunidad para los perpetradores de los más terribles crímenes contra la Humanidad.
Jorge G. Castañeda, ex ministro de Asuntos Exteriores de México (2000-2003), es profesor distinguido mundial de Política y Estudios Latinoamericanos
en la Universidad de Nueva York
En defensa de la justicia internacional
Jorge G. Castañeda
El avance en la lucha contra la impunidad está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU
Poco después de que ocupara mi cargo de ministro de Asuntos Exteriores de México en 2001, me encontré en mi escritorio con un problema inusitado. Un oficial naval argentino, que se había instalado en México con nombre falso, era buscado por España con las acusaciones de genocidio, torturas y terrorismo. El oficial, Ricardo Miguel Cavallo, estaba implicado en violaciones cometidas en 1977 y 1978 en la tristemente famosa Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires. Según el acta de acusación español, Cavallo pertenecía a la unidad de operaciones de un grupo que participó activamente en el secuestro y las torturas de personas a las que el régimen consideraba izquierdistas.
La cuestión que se me planteaba era la de si extraditar a Cavallo a un país tercero, España, para que fuera juzgado por violaciones de los derechos humanos cometidas en la Argentina. La firma de aquellos documentos representaría una innovación, pues indicaría por primera vez que los presuntos violadores de derechos podrían ser procesados en cualquier parte del mundo en los casos en que no fuera probable que la justicia cayera sobre ellos en su país.
Para mí, la decisión fue sencilla: los crímenes exigían justicia y era más probable que se pidiesen cuentas a Cavallo en España que en la Argentina. En aquella época, la legislación de amnistía en la Argentina lo protegía contra el procesamiento, conque firmé los documentos relativos a su extradición.
Desde entonces, se han logrado muchos avances para velar porque los delitos más graves del mundo dejen de quedar impunes. La Corte Internacional de Justicia está funcionando y 107 Estados, incluido México, han ratificado el tratado por el que se creó la Corte y han aceptado su jurisdicción.
Los tribunales nacionales, como, por ejemplo, los de España, desempeñan un papel cada vez mayor en la lucha contra la impunidad mediante el ejercicio de la jurisdicción universal. El aumento de esos tipos de procesamientos ha motivado, a su vez, a los países, incluidos Chile y la Argentina, para abrogar su legislación de amnistía a fin de que se pueda juzgar en sus países a presuntos criminales de guerra. Los juicios a Slobodan Milosevic y a Charles Taylor han demostrado que incluso los jefes de Estado han dejado de estar a salvo de procesamientos. A medida que aumentan las opciones de procesamiento, se va reduciendo el grado de comodidad para los perpetradores de esos crímenes.
Ahora la cuestión de si el avance en esa lucha contra la impunidad continúa o retrocede está en manos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El pasado 14 de julio, el fiscal de la CIJ, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, anunció que iba a solicitar una orden judicial de detención para el presidente del Sudán, Omar al-Bashir, por haber orquestado las atrocidades de Darfur. Inmediatamente después del anuncio, el Gobierno del Sudán y sus aliados iniciaron una campaña diplomática encaminada a lograr un aplazamiento de la investigación durante doce meses. Están consiguiendo más apoyo del que deberían... en parte por el miedo a que haya represalias contra el personal de mantenimiento de la paz y los agentes humanitarios de las Naciones Unidas.
Pero el Consejo de Seguridad debe ser extraordinariamente prudente al examinar posibilidad alguna de suspender las actuaciones de la CIJ. Semejante decisión sería un grave revés para el movimiento encaminado a acabar con la impunidad de los más graves crímenes. Indicaría que los señores de la guerra y los dictadores procesados pueden eludir la justicia manteniendo como rehén al Consejo de Seguridad mediante amenazas de una mayor violencia.
Suspender de ese modo la labor de la CIJ socavaría su capacidad disuasoria, uno de los fines para los que fue creada. Aplazar la causa contra al-Bashir socavaría gravemente el importante principio, que ha ido arraigando gradualmente en el mundo, de que nadie está por encima de la ley.
La decisión del Consejo de Seguridad de remitir la situación en Darfur al fiscal de la CIJ en marzo de 2005 fue un importante hito en la lucha contra la impunidad. Dicha decisión demostró por primera vez que había una institución que podía investigar los más graves crímenes internacionales y procesar a sus autores, independientemente del lugar en que se cometieran.
Aparte de ser una victoria para la justicia internacional, esa remisión fue también una promesa a las víctimas de crímenes horripilantes en Darfur de que quienes los habían perpetrado contra ellas habrían de rendir cuentas un día. La decisión del Consejo de Seguridad de renunciar a ese compromiso equivaldría a algo más que abandonar a las víctimas de Darfur. Sería un importante golpe a quienes han luchado en todo el mundo con vistas a acabar con la impunidad para los perpetradores de los más terribles crímenes contra la Humanidad.
Jorge G. Castañeda, ex ministro de Asuntos Exteriores de México (2000-2003), es profesor distinguido mundial de Política y Estudios Latinoamericanos
en la Universidad de Nueva York
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