Artigo publicado no jornal colombiano El Tiempo mostra como os dominicanos descendentes de haitianos encontram-se numa situação de negação de suas respectivas cidadanias.
Depuración étnica en el Caribe
Yo soy una ciudadana nacida en República Dominicana. Crecí, fui a la escuela, formé una familia y crié a mis hijos en tierra dominicana. Este es el único lugar al que alguna vez llamé hogar. Sin embargo, después de más de 45 años en este país, se está cuestionando mi nacionalidad -junto con la de miles de otros dominicanos-.
Al igual que muchos dominicanos, tengo ancestros haitianos. Mi familia llegó a República Dominicana desde el vecino país de Haití en busca de trabajo. Su viaje no fue atípico, tampoco desalentado. Cientos de miles de haitianos llegaron a trabajar a este país con el permiso expreso del gobierno dominicano.
Pero los dominicanos como yo siempre hemos pagado un precio por nuestros ancestros. Durante más de un siglo, el gobierno promovió una política de discriminación racial patrocinada por el Estado. Hemos sido utilizados como chivos expiatorios para desviar la atención de los problemas económicos y políticos del país.
Aún así, una lección que aprendí mientras crecía fue que toda persona nacida en República Dominicana es un ciudadano dominicano. Esto era algo que nadie cuestionaba. Esto era algo de lo que nadie dudaba. La constitución de República Dominicana dice explícitamente que cualquiera que nace en el territorio del país, excepto los hijos de padres que son diplomáticos o extranjeros "en tránsito" -algo que, durante décadas, quiso decir por menos de 10 días en el país- es un ciudadano dominicano.
Por ende, nunca me preocupó que alguna vez se pusiera en duda mi condición de ciudadana. Estaba equivocada.
Hace dos años, el gobierno de mi país intentó despojarme de mi nacionalidad, y hoy intenta hacer lo mismo con otros miles de dominicanos de ascendencia haitiana. El gobierno lanzó este esfuerzo con una reinterpretación curiosa de la constitución. Ahora considera que los individuos de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, porque sus padres o abuelos, muchos de ellos residentes durante años, si no décadas, supuestamente estaban "en tránsito".
El gobierno ordenó a las autoridades de los registros civiles que dejaran de emitir cualquier documento de identidad para las personas que nacieron de "padres extranjeros" y recibieron certificados de nacimiento dominicanos bajo lo que el gobierno ahora llama "circunstancias irregulares". Es más, los documentos de identidad que el Estado dominicano ya emitió están siendo declarados inválidos con retroactividad.
Sólo se está señalando a los dominicanos de ascendencia haitiana. La discriminación por parte del gobierno de mi país contra mi grupo racial y étnico es tan evidente que algunas oficinas de registro civil distribuyeron listas de "nombres haitianos resonantes" de manera que el personal pueda reconocerlos. Hay quienes incluso fueron señalados sólo por su apariencia. La crudeza de la campaña del gobierno sería casi cómica si no estuviera condenando a tantos dominicanos de ascendencia haitiana a la incertidumbre de la falta de nacionalidad.
Por cierto, las implicancias de perder la propia ciudadanía son enormes. Sin documentos de identidad, la gente no tiene acceso a las escuelas, se le niega atención sanitaria, se le impide casarse y no se le otorgan documentos oficiales como certificados de nacimiento y licencias para conducir.
Peor aún, el gobierno está considerando una enmienda constitucional que despojaría a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de los derechos de ciudadanía de manera permanente. La situación ahora es incluso más peligrosa que antes.
Durante 30 años, trabajé para garantizar la igualdad en materia de derechos humanos y civiles para los dominicanos de ascendencia haitiana. Me topé con muchas dificultades personales y profesionales. Las autoridades estatales me difamaron. Informantes intentaron infiltrarse en mi organización y socavar mi trabajo. Recibí amenazas de muerte en más de una ocasión y mis hijos y yo tuvimos que huir de nuestra tierra natal.
Sin embargo, a pesar de todo lo que tuve que soportar, nunca perdí las esperanzas de que el cambio fuera posible.
Tal vez la campaña contra los dominicanos de ascendencia haitiana cese cuando el sistema judicial dominicano reconozca que el rechazo retroactivo de la ciudadanía viola la ley fundamental de derechos humanos. Quizá cese cuando la comunidad internacional se pronuncie abiertamente en contra de las políticas discriminatorias de República Dominicana. Pero algo es seguro: no cesará hasta que todos los dominicanos que valoran la democracia y el régimen de derecho se paren junto a sus compatriotas y declaren que el tiempo del trato desigual terminó.
*Directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, fue criada en un campo de trabajadores migrantes y arrestada a los 13 años por liderar una marcha en demanda de derechos para los trabajadores de la industria de la caña de azúcar. Recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en 2007.
© Project Syndicate 1995-2008
Sonia Pierre*
Depuración étnica en el Caribe
Yo soy una ciudadana nacida en República Dominicana. Crecí, fui a la escuela, formé una familia y crié a mis hijos en tierra dominicana. Este es el único lugar al que alguna vez llamé hogar. Sin embargo, después de más de 45 años en este país, se está cuestionando mi nacionalidad -junto con la de miles de otros dominicanos-.
Al igual que muchos dominicanos, tengo ancestros haitianos. Mi familia llegó a República Dominicana desde el vecino país de Haití en busca de trabajo. Su viaje no fue atípico, tampoco desalentado. Cientos de miles de haitianos llegaron a trabajar a este país con el permiso expreso del gobierno dominicano.
Pero los dominicanos como yo siempre hemos pagado un precio por nuestros ancestros. Durante más de un siglo, el gobierno promovió una política de discriminación racial patrocinada por el Estado. Hemos sido utilizados como chivos expiatorios para desviar la atención de los problemas económicos y políticos del país.
Aún así, una lección que aprendí mientras crecía fue que toda persona nacida en República Dominicana es un ciudadano dominicano. Esto era algo que nadie cuestionaba. Esto era algo de lo que nadie dudaba. La constitución de República Dominicana dice explícitamente que cualquiera que nace en el territorio del país, excepto los hijos de padres que son diplomáticos o extranjeros "en tránsito" -algo que, durante décadas, quiso decir por menos de 10 días en el país- es un ciudadano dominicano.
Por ende, nunca me preocupó que alguna vez se pusiera en duda mi condición de ciudadana. Estaba equivocada.
Hace dos años, el gobierno de mi país intentó despojarme de mi nacionalidad, y hoy intenta hacer lo mismo con otros miles de dominicanos de ascendencia haitiana. El gobierno lanzó este esfuerzo con una reinterpretación curiosa de la constitución. Ahora considera que los individuos de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, porque sus padres o abuelos, muchos de ellos residentes durante años, si no décadas, supuestamente estaban "en tránsito".
El gobierno ordenó a las autoridades de los registros civiles que dejaran de emitir cualquier documento de identidad para las personas que nacieron de "padres extranjeros" y recibieron certificados de nacimiento dominicanos bajo lo que el gobierno ahora llama "circunstancias irregulares". Es más, los documentos de identidad que el Estado dominicano ya emitió están siendo declarados inválidos con retroactividad.
Sólo se está señalando a los dominicanos de ascendencia haitiana. La discriminación por parte del gobierno de mi país contra mi grupo racial y étnico es tan evidente que algunas oficinas de registro civil distribuyeron listas de "nombres haitianos resonantes" de manera que el personal pueda reconocerlos. Hay quienes incluso fueron señalados sólo por su apariencia. La crudeza de la campaña del gobierno sería casi cómica si no estuviera condenando a tantos dominicanos de ascendencia haitiana a la incertidumbre de la falta de nacionalidad.
Por cierto, las implicancias de perder la propia ciudadanía son enormes. Sin documentos de identidad, la gente no tiene acceso a las escuelas, se le niega atención sanitaria, se le impide casarse y no se le otorgan documentos oficiales como certificados de nacimiento y licencias para conducir.
Peor aún, el gobierno está considerando una enmienda constitucional que despojaría a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de los derechos de ciudadanía de manera permanente. La situación ahora es incluso más peligrosa que antes.
Durante 30 años, trabajé para garantizar la igualdad en materia de derechos humanos y civiles para los dominicanos de ascendencia haitiana. Me topé con muchas dificultades personales y profesionales. Las autoridades estatales me difamaron. Informantes intentaron infiltrarse en mi organización y socavar mi trabajo. Recibí amenazas de muerte en más de una ocasión y mis hijos y yo tuvimos que huir de nuestra tierra natal.
Sin embargo, a pesar de todo lo que tuve que soportar, nunca perdí las esperanzas de que el cambio fuera posible.
Tal vez la campaña contra los dominicanos de ascendencia haitiana cese cuando el sistema judicial dominicano reconozca que el rechazo retroactivo de la ciudadanía viola la ley fundamental de derechos humanos. Quizá cese cuando la comunidad internacional se pronuncie abiertamente en contra de las políticas discriminatorias de República Dominicana. Pero algo es seguro: no cesará hasta que todos los dominicanos que valoran la democracia y el régimen de derecho se paren junto a sus compatriotas y declaren que el tiempo del trato desigual terminó.
*Directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, fue criada en un campo de trabajadores migrantes y arrestada a los 13 años por liderar una marcha en demanda de derechos para los trabajadores de la industria de la caña de azúcar. Recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en 2007.
© Project Syndicate 1995-2008
Sonia Pierre*
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