Peru: balanço sobre os cinco anos do informe da Comissão de Verdade e Reconciliação

Já que no post abaixo tratamos do tema Justiça Transicional, trazemos a lume uma matéria veiculada no blog Desde el Tercer Piso, na qual é feita uma análise dos cinco anos do informe final da Comissão de Verdade e Reconciliação peruana (devemos lembrar que tanto esta notícia quanto o aniversário do informe datam do final de agosto) . No interior do texto há links para outros artigos relevantes.

CVR + 5: UN BALANCE

Esta semana (para ser más precisos, el jueves 28) se cumplirá el quinto aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La fecha, además de las ceremonias de recuerdo a las víctimas de dos décadas de conflicto armado interno, motiva una serie de reflexiones sobre lo que fue su trabajo y el cumplimiento de sus recomendaciones.

Puede decirse, en líneas generales, que la CVR cumplió con tres de sus objetivos centrales. El primero, dar voz a las víctimas de la violencia, a través de los cerca de 17,000 testimonios recogidos a lo largo del todo el país. El segundo, fue presentar los hechos tal como ocurrieron de modo claro y directo: De un lado, Sendero Luminoso fue el mayor responsable de la violencia y de un envilecimiento general del país y Abimael Guzmán el mayor responsable penal de lo ocurrido. De otro lado, los gobiernos no supieron enfrentar a la violencia y permitieron - en el caso de Fujimori, participó - violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, algunas de las cuales configuraron prácticas sistemáticas o generalizadas en algunos lugares y momentos. El tercero, fue poner en palestra temas que estuvieron en la base del conflicto, en particular, la exclusión, la ausencia del Estado y la discriminación.

Donde se han encontrado mayores dificultades es en la formación de una memoria colectiva que tome en cuenta lo dicho por la CVR. Allí han arreciado los ataques feroces por parte de quienes fueron encontrados como responsables políticos y penales de lo ocurrido, sobre todo, en los partidos políticos y los institutos armados, acompañados de sectores conservadores que consideran que las violaciones de los derechos humanos fueron un costo a pagar en pos de la pacificación. Pero tampoco ha existido una estrategia de comunicaciones y de vinculación con la población por parte de los sectores proclives a respaldar el Informe Final a fin de contrarrestar la serie de mentiras que se han repetido cual letanía durante 5 años (sobre este último punto, recordar el debate sostenido en el blog de Martín Tanaka, el año pasado).

En lo que se refiere a la implementación de las recomendaciones para la reconciliación, hay que mencionar, de modo inicial, que tampoco se ha entendido el sentido conceptual de la misma. La visión de reconciliación que muchos tienen se remite a la visión cristiana del perdón, elemento que fue mencionado por la CVR, pero solo referido a las relaciones interpersonales y, además, como una potestad de cada víctima. El sentido real de la reconciliación es la formación de un nuevo pacto social, dado que el que teníamos antes - si es que contábamos con algo así - no impidió que el país se desangrara.

Han avanzado varios procesos penales, es cierto. Se han logrado condenas bastante severas a las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA, respetando el debido proceso y en democracia. Lo mismo ha ocurrido en el caso La Cantuta con algunos de los integrantes del grupo Colina y con el general Julio Salazar Monroe, la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Paez y los asesinatos del periodista Hugo Bustíos y de autoridades comunales en Chuschi. A estos logros debe sumarse el actual procesamiento penal a Alberto Fujimori. Sin embargo, existen dificultades en el avance, debido a la lentitud en las investigaciones, la falta de dedicación exclusiva de los juzgados que habían sido creados para esta materia, la carencia de un programa de protección a testigos, la poca colaboración del Ministerio de Defensa en muchos de estos casos y, además, la no implementación de un Plan de Investigaciones Antropológico Forenses, problemas que son reflejados, por ejemplo, en el caso Putis.

Las reparaciones han avanzado en algo, sobre todo las colectivas, pero sin un plan que las sostenga ni apoyo técnico para su mejor implementación. Y la creación del Consejo de Reparaciones que elabora el Registro Único de Víctimas puede quedar en nada, si es que no se destinan los fondos necesarios para su mantenimiento.

Finalmente, el rubro con menos apoyo es el referido a las reformas institucionales. Como mencionó Álvarez Rodrich hace unos días:

Un objetivo de la CVR era llamar la atención sobre los profundos desequilibrios sociales, así como sobre las reformas indispensables para avanzar en su corrección. Por ejemplo, en los sistemas de educación, salud, justicia o seguridad, lo cual no ha ocurrido. El camino por recorrer es significativo.

Varias tareas pendientes en un gobierno poco proclive a la defensa de los derechos humanos o a temas que no sean los vinculados a la inversión. Y de allí las dudas en que los avances sean mayores en los siguientes tres años, a menos que, realmente, los sectores que defienden el Informe Final de la CVR vayan más allá de un pequeño círculo y, esta vez, puedan articular alianzas con sectores que, lejanos en algunos temas, puedan apoyar con la tarea de un nuevo pacto social, que no solo compete al gobierno, sino a todos los peruanos.

Pues es tiempo de evitar una nueva barbarie.