ELPAIS.com 25 AÑOS DE UNA CATÁSTROFE
Bhopal sigue muriendo
El jueves se cumplen 25 años del terrible escape tóxico en la ciudad india. Tras decenas de miles de muertes, el veneno liberado aún sigue matando y destrozando vidas
ANA GABRIELA ROJAS 29/11/2009
V
Panna Lal Yadav se despertó aquella media noche por los gritos aterradores y el ruido de un tumulto de gente corriendo. Sintió que el aire "se convertía en fuego" y le quemaba ojos y pulmones. No podía ver claramente, pero oía que sus hijos no dejaban de toser. Desesperado, le gritó a su esposa que, al igual que sus vecinos, debían huir. "En las calles vimos cómo la gente caía fulminada como moscas tras ser rociada por los gases. Teníamos que correr entre cadáveres", recuerda todavía turbado.
India
A FONDO
Capital: Nueva Delhi. Gobierno: República. Población: 1,147,995,898 (est. 2008)
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"Tal vez hubiera sido mejor morir el día del desastre. Llevamos 25 años sufriendo", dice una víctima
Panna y su familia vivieron la madrugada del 3 de diciembre de 1984 uno de los desastres más graves de la historia. En su ciudad, Bhopal, en el centro de la India, y muy cerca de su casa, 42 toneladas de uno de los químicos más tóxicos, el isocianato de metilo (MIC), escaparon en forma de gas de Union Carbide, una fábrica de pesticidas estadounidense.
Esa noche murieron casi 3.000 personas y en los días siguientes hasta 15.000, según las conservadoras cifras oficiales. Según diversas ONG y otros activistas, podrían ser hasta 25.000 muertos y unas 100.000 las personas con secuelas permanentes: cáncer, males de estomago, de hígado, de riñón, de pulmones, trastornos hormonales y mentales... Transcurridos 25 años, Bhopal sigue sufriendo.
La situación todavía es desastrosa. Los directivos de Union Carbide, encabezados por su presidente, Warren Anderson, escaparon de India y han eludido la causa criminal abierta en su contra. La fábrica quedó abandonada y sin limpiar. En lo que ahora es el centro de la ciudad permanecen más de 300 toneladas de químicos peligrosos -entre ellos DDT- en contenedores que estuvieron desprotegidos hasta hace sólo cuatro años.
Otras 10.000 toneladas de desechos tóxicos siguen enterradas cerca de la fábrica, según las ONG. Union Carbide mantenía unos tanques de evaporación por los que pasaban sus desechos químicos tóxicos y ahí están todavía con toneladas de sedimentos peligrosos. Y encima de ellos mucha gente va a hacer sus necesidades cada mañana, pues pocas de las chabolas cercanas tienen baños.
"Aunque no se hubiera producido una fuga de gas, el desastre era inminente. Y con el paso de los años y las lluvias, estos tóxicos se han filtrado al subsuelo y han llegado al agua que beben unas 30.000 personas", asegura Rachna Dhingra, que está al frente de la Campaña Internacional de Justicia en Bhopal, que agrupa a las asociaciones de víctimas.
El agua disponible en algunos sectores contiene altos niveles de productos químicos dañinos, incluidos cloroformo y tetracloruro de carbono, conocido cancerígeno, de acuerdo con las comprobaciones de varios estudios. Y cerca de la fábrica se encontraron asimismo metales pesados nocivos, según denunció Greenpeace. El proceso judicial es largo y el año pasado se reabrió el caso con el requerimiento de que la empresa limpie la zona y compense económicamente a las miles de personas que bebieron agua contaminada.
El Gobierno del Estado del que Bhopal es capital, Madhya Pradesh, ha establecido un sistema de tuberías de agua potable, que todavía es insuficiente. En el barrio de Sunder Nagar, los vecinos hacen cola para conseguir agua limpia. Raju Raikwar, vendedor de pescado, dice que a veces el agua escasea durante una semana. "Pero al menos ya no tenemos que beber a diario la contaminada. Tenía un sabor amargo y enfermábamos del estómago. Nos dolían los pulmones y la garganta", se queja.
Según la asociación de víctimas, todavía es minoría la gente que recibe agua potable permanentemente. Muchos toman aún el líquido contaminado. "Sabemos que bebemos veneno y se lo damos en la boca a nuestros hijos. Pero, ¿qué podemos hacer?", lamenta una afectada, Kalpana Rajarat, maestra de escuela.
La familia de Panna Lal Yadav resume amargamente las consecuencias de la catástrofe de Bhopal. Días después del desastre murió su hija menor, con apenas un año de edad. "Se le empezó a caer la piel a trozos", cuenta un padre, ahora sexagenario, que fue obrero en la fábrica de Union Carbide. Enseña los papeles que demuestran que aún le adeudan algunos pagos. Su vida ha sido siempre dura: cansancio crónico, y falta de apetito y de aliento. Ahora lo único que puede hacer es vender cacahuetes, lo que le reporta muy pocos ingresos.
También sus hijos se sienten débiles, padecen psoriasis y les duele el pecho. Hasta hace poco bebían el agua contaminada. Uno de los hijos de Panna Lal Yadavha ha engendrado dos niños con parálisis cerebral: Vikas y Aman, de 10 y 8 años, tienen ojos brillantes y curiosos y una sonrisa encantadora, pero sus cuerpos no les responden. No pueden alimentarse por sí mismos, ni andar, ni ducharse, ni ir solos al baño. Su madre teme que nunca llegarán a ser autónomos.
Vikas y Aman pertenecen a la segunda generación de víctimas de Bhopal, llamada así por la elevada incidencia de niños con taras de nacimiento: hasta diez veces más que en las comunidades con agua potable, según un estudio de la clínica Sambhavna, que atiende gratuitamente a 30.000 pacientes, gracias a donaciones privadas.
Los padres de Vikas y Aman eran niños cuando ocurrió el desastre y han bebido veneno casi toda su vida. "Mis niños están siempre sonriendo, pero no se enteran de nada, incluso cuando yo estoy llorando por ellos. Es muy triste. No sé que va a pasar cuando no haya quién los cuide". La abuela de los pequeños, Umvati Yadav, se lamenta: "Lo que más rabia me da es que ni la empresa ni el Gobierno asuman ninguna responsabilidad".
Niños ciegos, sordos, con retraso mental o cuerpos de extremidades rígidas, grotescamente entrelazadas, reciben rehabilitación en Chingari Trust. Esta ONG tiene a 320 menores a su cargo. "Son muchos más los niños enfermos en Bhopal a causa del escape de Union Carbide, pero sólo llevamos la cuenta de los que podemos ayudar y estamos seguros de que sus padres fueron víctimas de la fuga de gas", asegura el administrador, Tarun Thomas.
Muchos niños varones son mucho más bajos que sus coetáneos. Suraj, a sus 12 años, mide como su vecino de seis. Un estudio del Journal of American Medical Association reveló en 2003 que los chicos con padres expuestos al gas pesan menos. El crecimiento sufre retrasos y la parte superior del cuerpo es desproporcionadamente más pequeña que la inferior.
Los niños que ahora nacen enfermos no son reconocidos como víctimas por el Gobierno y, por tanto, no reciben ningún tipo de ayuda oficial. "No hay víctimas de segunda generación. Niños con defectos de nacimiento los hay en todas partes. ¿No los hay en tu país?", pregunta a la periodista, en su fastuoso bungaló, el ministro para la rehabilitación y el alivio de la tragedia del gas, Babulal Gaur. El político octogenario, que fue gobernador del Estado, asegura que no ha recibido ninguna queja de las víctimas. "Fue una gran tragedia, pero las víctimas ya están muertas. Los afectados ya fueron indemnizados y ahora la rehabilitación está funcionando bien. Ya no hay contaminantes en la fábrica porque las lluvias de 25 años ya lo han lavado todo", comenta. ¿Y entonces para qué su ministerio? "Porque le prometimos a la gente que siempre íbamos a estar ahí para cuidar de ellos", asegura.
Pero esta opinión es exactamente la opuesta a la que expresan las víctimas y los activistas. "A un cuarto de siglo de la tragedia la gente de Bhopal no ha recibido justicia y no ha logrado vivir en dignidad. Union Carbide se ha negado a hacerse cargo de sus responsabilidades y los Gobiernos, tanto nacional, como estatal, han fallado; han sido corrompidos por la empresa. Tenemos pruebas incontables de sobornos de miles de dólares a políticos". La acusación es realizada por la representante de las víctimas, Rachna Dhingra, quien habla de un intenso tráfico de influencias. Entre otras perversiones, resulta que el abogado defensor de la compañía en los tribunales es el portavoz del gobernante Partido del Congreso, Abhishek Manu Singhvi.
La reclamación de responsabilidades de los bhopalíes se hizo más difícil en 2001, cuando Union Carbide fue comprada por Dow Chemicals, también estadounidense, que se niega en rotundo a asumir ninguna responsabilidad. Dow Chemicals nunca fue propietario ni operó la planta y la compró más de 16 años después de la tragedia. La empresa tiene intereses en el subcontinente, donde produce y vende su insecticida Dursban, que por su toxicidad está prohibido para uso comercial en Estados Unidos.
La compensación a las víctimas de Bhopal se limita, por el momento, al acuerdo que Union Carbide alcanzó con el Gobierno indio en 1989: 470 millones de dólares de indemnización, una pequeña parte de los 3.000 millones de dólares originalmente exigidos. Cada una de las víctimas recibió, en teoría, varios pagos por un total de 50.000 rupias (unos 720 euros de ahora), pero muchos denuncian que ni si quiera recibieron esa cantidad.
La familia de Panna Lal sí la recibió para cada uno de los miembros enfermos. Pudieron así construir la modestísima casa de ladrillo donde viven. No les alcanzó para nada más. "El tratamiento de los niños es muy caro y además requieren mucha atención", dice la abuela. La familia no acude a los hospitales establecidos por el Gobierno porque el servicio es pésimo.
No sólo las víctimas se quejan de estos hospitales: un informe presentado este año ante la Corte Suprema por un comité de investigación independiente encontró que la plantilla de médicos es escasa, las medicinas de poca calidad, la información de los pacientes precaria y la higiene brilla por su ausencia.
Y como otras muchas historias en India, la pobreza lo agrava todo. Tras la catástrofe, el terreno alrededor de la fábrica de pesticidas se abarató y fue tomado por el chabolismo: casuchas de plásticos, maderas y láminas. Y además, la contaminación. Y tal vez a raíz de ello, un estudio de un hospital público sitúa en la zona de la tragedia unos altos índices de mortalidad. "Y no podemos echarles de ahí, de sus chabolas. Éste es un país democrático y la gente puede vivir donde quiera", dice el ministro Gaur.
Con el crecimiento de la ciudad, el lugar ha quedado en el centro de esta capital que en 2011 tendrá 2.1 millones de habitantes, según las estimaciones oficiales.
En teoría nadie puede pasar a la fábrica sin un permiso, pero aunque uno de los laterales está cercado y, vigilado por guardias, en los otros basta con saltar una pequeña tapia de menos de un metro para entrar. Los niños van habitualmente allí a jugar al críquet, y las familias entran a cortar hierbas secas para alimentar el fuego.
En el centro del solar, la antigua planta de pesticidas impone. Semeja el escenario de una película de ciencia ficción abandonado tras un ataque biológico. Poco a poco, los gigantes de hierro abandonados han sido cubiertos por el óxido y la vegetación.
El Gobierno del Estado pretendió abrir la fábrica al público al cumplirse el 25º aniversario de la catástrofe. "Se trataba de que la gente viera que no es peligroso", aseguraba el ministro. Pero las manifestaciones de las víctimas detuvieron el intento. "El Gobierno quiere pregonar que está limpio, que no hay problema, para quitarse de encima la descontaminación del lugar y, por otra parte, absolver así a la empresa de sus responsabilidades", dice la portavoz de las víctimas.
Mientras tanto, en Bhopal y en algunas otras ciudades de India y del resto del mundo han comenzado una serie de campañas recordando el desastre y exigiendo justicia. Amnistía Internacional sostiene en su campaña que "Bhopal es una burla para los derechos humanos. El legado de Bhopal pervive porque sus habitantes nunca han podido reivindicar sus derechos. Es más, los efectos negativos del escape afectan a las nuevas generaciones".
Pero a pesar de todo este movimiento internacional, las víctimas tienen poca fe. Un cuarto de siglo de espera les ha arrebatado la esperanza. Panna Lal, afectado y abuelo de los niños Vikas y Aman, es tajante: "Tal vez hubiera sido mejor morir el día del desastre. Al menos los que murieron ya no están aquí. Nosotros llevamos 25 años sufriendo".
domingo, 29 de novembro de 2009
quarta-feira, 25 de novembro de 2009
História da morte violenta no Brasil
Folha de São Paulo, quarta-feira, 25 de novembro de 2009
Criança convivendo com a morte é tradição, diz historiadora
A historiadora Mary del Priore afirma que a convivência das crianças com a morte está longe de ser uma novidade no país. "É uma tradição, principalmente entre os mais pobres", diz a autora do livro "A História das Crianças no Brasil".
O que choca é justamente a permanência de uma violência arcaica num país que aspira à civilidade, diz ela. (MCC)
FOLHA - Em "A História das Crianças...", você narra a violência que as crianças sofriam a partir do século 16. Ver o corpo de um cadáver hoje é uma violência para o jovem?
MARY DEL PRIORE - Eu não diria que houve uma ruptura histórica. Esse convívio com a morte é uma permanência, algo que está enraizado na nossa cultura. Numa sociedade patriarcal e escravista, onde o mais forte sempre violenta o mais fraco de alguma maneira, a morte só foi higienizada muito recentemente. Esse convívio com a morte, longe de ser uma novidade, é uma tradição, principalmente entre os mais pobres. São mortes que têm a ver com violência ou saúde.
FOLHA - Qual fator pesa mais: a violência ou a saúde?
DEL PRIORE - Não dá para separar as duas. Às vezes é o doente que mata, se você pensar em alcoolismo, em dependência de drogas. Essas coisas são muito interligadas, porque aquele que comete a violência é muitas vezes um doente. Dos anos 60 e 70 para cá, com o crescimento das grandes cidades, você teve a consolidação do que os historiadores chamam de "a morte burguesa", que exige o cemitério, uma cidade dos mortos separada da cidade dos vivos. Foi essa morte burguesa que evitou que se vissem os corpos.
FOLHA - Essa tentativa de isolamento é um fenômeno recente...
DEL PRIORE - E muito ligado a um tipo de vida burguês que só se consolida no Brasil nas primeiras décadas do século 20, com o bota-abaixo das grandes capitais, como Rio, Salvador e Recife. São essas transformações urbanas que vão criar uma mentalidade nova em relação à morte, de afastamento, de invisibilidade. Acabou aquela intimidade que se tinha com o corpo do morto, que se vê no interior do Brasil até hoje. O morto fica estendido na mesa da sala, que é a única da casa, e as crianças brincam em volta. Essa intimidade com a morte não saiu da nossa cultura, sobretudo nas camadas subalternas.
FOLHA - Você não acha que a situação atual é diferente, já que a urbanização criou a expectativa de uma cidade sem cadáveres nas ruas?
DEL PRIORE - O que nos choca é que hoje essa morte se dá mais por morte matada do que por morte morrida. O que causa o choque é a violência, essa inflação fenomenal de favelização em todo o Brasil. É o fato de que as cidades favelizadas são palco do domínio de gangues, de traficantes, onde a lei do revólver e do inimigo continua vigindo como vigia no século 19 nos grandes potentatos do Vale do Paraíba e no interior do Nordeste, que matavam seus desafetos. É como se essa lei da eliminação do outro continuasse.
Só que isso não combina mais com o processo civilizatório em que embarcamos. É como se essa civilidade fosse incompatível com essa violência, que é uma violência arcaica, que tem mais de 500 anos.
Criança convivendo com a morte é tradição, diz historiadora
A historiadora Mary del Priore afirma que a convivência das crianças com a morte está longe de ser uma novidade no país. "É uma tradição, principalmente entre os mais pobres", diz a autora do livro "A História das Crianças no Brasil".
O que choca é justamente a permanência de uma violência arcaica num país que aspira à civilidade, diz ela. (MCC)
FOLHA - Em "A História das Crianças...", você narra a violência que as crianças sofriam a partir do século 16. Ver o corpo de um cadáver hoje é uma violência para o jovem?
MARY DEL PRIORE - Eu não diria que houve uma ruptura histórica. Esse convívio com a morte é uma permanência, algo que está enraizado na nossa cultura. Numa sociedade patriarcal e escravista, onde o mais forte sempre violenta o mais fraco de alguma maneira, a morte só foi higienizada muito recentemente. Esse convívio com a morte, longe de ser uma novidade, é uma tradição, principalmente entre os mais pobres. São mortes que têm a ver com violência ou saúde.
FOLHA - Qual fator pesa mais: a violência ou a saúde?
DEL PRIORE - Não dá para separar as duas. Às vezes é o doente que mata, se você pensar em alcoolismo, em dependência de drogas. Essas coisas são muito interligadas, porque aquele que comete a violência é muitas vezes um doente. Dos anos 60 e 70 para cá, com o crescimento das grandes cidades, você teve a consolidação do que os historiadores chamam de "a morte burguesa", que exige o cemitério, uma cidade dos mortos separada da cidade dos vivos. Foi essa morte burguesa que evitou que se vissem os corpos.
FOLHA - Essa tentativa de isolamento é um fenômeno recente...
DEL PRIORE - E muito ligado a um tipo de vida burguês que só se consolida no Brasil nas primeiras décadas do século 20, com o bota-abaixo das grandes capitais, como Rio, Salvador e Recife. São essas transformações urbanas que vão criar uma mentalidade nova em relação à morte, de afastamento, de invisibilidade. Acabou aquela intimidade que se tinha com o corpo do morto, que se vê no interior do Brasil até hoje. O morto fica estendido na mesa da sala, que é a única da casa, e as crianças brincam em volta. Essa intimidade com a morte não saiu da nossa cultura, sobretudo nas camadas subalternas.
FOLHA - Você não acha que a situação atual é diferente, já que a urbanização criou a expectativa de uma cidade sem cadáveres nas ruas?
DEL PRIORE - O que nos choca é que hoje essa morte se dá mais por morte matada do que por morte morrida. O que causa o choque é a violência, essa inflação fenomenal de favelização em todo o Brasil. É o fato de que as cidades favelizadas são palco do domínio de gangues, de traficantes, onde a lei do revólver e do inimigo continua vigindo como vigia no século 19 nos grandes potentatos do Vale do Paraíba e no interior do Nordeste, que matavam seus desafetos. É como se essa lei da eliminação do outro continuasse.
Só que isso não combina mais com o processo civilizatório em que embarcamos. É como se essa civilidade fosse incompatível com essa violência, que é uma violência arcaica, que tem mais de 500 anos.
terça-feira, 24 de novembro de 2009
Cursao de Justiça Transicional
Prezados,
Como muitas pessoas solicitaram as lâminas com as aulas do curso de Justiça Transicional oferecido pelo ICTJ junto com a Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça realizado
mês passado (outubro de 2009), o Dr. Paulo Abrão, presidente da citada comissão) solicitou que postássemos todas na parte do site da
Comissão que contém nossas publicações, onde igualmente é possível encontrar, entre
outros materiais, alguns artigos, os dois relatórios anuais e a Revista (são três
páginas de links).
Segue o endereço para acessar:
http://www.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B2AD759EF%2DDCFB%2D46EB%2DA16C%2D73502B9C09EF%7D
Como muitas pessoas solicitaram as lâminas com as aulas do curso de Justiça Transicional oferecido pelo ICTJ junto com a Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça realizado
mês passado (outubro de 2009), o Dr. Paulo Abrão, presidente da citada comissão) solicitou que postássemos todas na parte do site da
Comissão que contém nossas publicações, onde igualmente é possível encontrar, entre
outros materiais, alguns artigos, os dois relatórios anuais e a Revista (são três
páginas de links).
Segue o endereço para acessar:
http://www.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B2AD759EF%2DDCFB%2D46EB%2DA16C%2D73502B9C09EF%7D
Estados Unidos, repressão e Direitos Humanos
FSP 23 de novembro de 2009
Escola que formou golpistas é alvo de protestos
DE WASHINGTON
Centenas de pessoas protestaram no sábado em frente ao Instituto de Cooperação para a Segurança Hemisférica (Whinsec, na sigla em inglês), entidade de formação de militares latino-americanos subordinada ao Pentágono e baseada em Fort Benning, no Estado americano da Geórgia. A manifestação foi organizada pela SOA Watch e reuniu estudantes e sobreviventes de torturas de regimes militares da região.
A ocasião foram os 20 anos do massacre de seis padres jesuítas espanhóis por militares em El Salvador. No mesmo dia, foi divulgada a indicação da ONG e de seu fundador, padre Roy Bourgeois, para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz de 2010 -dezenas de personalidades e instituições são indicadas todos os anos por um grupo de pessoas escolhidas pelo Parlamento norueguês; o premiado de 2009 é Barack Obama.
A SOA Watch tira seu nome das iniciais da School of Americas, a Escola das Américas, que funcionou entre 1946 e 2001, antecessora do Whinsec que formou mais de 60 mil militares latino-americanos. Segundo a ONG, ali estudaram membros de pelo menos 11 regimes militares na América Latina, Brasil incluído.
Dois deles participaram do golpe que derrubou o presidente de Honduras, Manuel Zelaya, em 28 de junho último. São o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Romeo Vásquez, aluno em 1976 e em 1984, segundo a SOA, e o general Luis Prince Suazo, comandante da Força Aérea, que estudou lá em 1996.
Zelaya destituiu Vásquez do cargo dias antes de ser derrubado, porque o militar se recusou a cumprir ordem executiva para organização de enquete junto à população sobre mudança na Constituição hondurenha. O levantamento, segundo opositores de Zelaya, abriria caminho para sua reeleição, o que é proibido pela atual Carta do país. O militar foi restituído pelo Congresso após o golpe.
Bourgeois visitou Honduras recentemente e fez denúncias de casos de desrespeito a direitos humanos. (SÉRGIO DÁVILA)
Escola que formou golpistas é alvo de protestos
DE WASHINGTON
Centenas de pessoas protestaram no sábado em frente ao Instituto de Cooperação para a Segurança Hemisférica (Whinsec, na sigla em inglês), entidade de formação de militares latino-americanos subordinada ao Pentágono e baseada em Fort Benning, no Estado americano da Geórgia. A manifestação foi organizada pela SOA Watch e reuniu estudantes e sobreviventes de torturas de regimes militares da região.
A ocasião foram os 20 anos do massacre de seis padres jesuítas espanhóis por militares em El Salvador. No mesmo dia, foi divulgada a indicação da ONG e de seu fundador, padre Roy Bourgeois, para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz de 2010 -dezenas de personalidades e instituições são indicadas todos os anos por um grupo de pessoas escolhidas pelo Parlamento norueguês; o premiado de 2009 é Barack Obama.
A SOA Watch tira seu nome das iniciais da School of Americas, a Escola das Américas, que funcionou entre 1946 e 2001, antecessora do Whinsec que formou mais de 60 mil militares latino-americanos. Segundo a ONG, ali estudaram membros de pelo menos 11 regimes militares na América Latina, Brasil incluído.
Dois deles participaram do golpe que derrubou o presidente de Honduras, Manuel Zelaya, em 28 de junho último. São o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Romeo Vásquez, aluno em 1976 e em 1984, segundo a SOA, e o general Luis Prince Suazo, comandante da Força Aérea, que estudou lá em 1996.
Zelaya destituiu Vásquez do cargo dias antes de ser derrubado, porque o militar se recusou a cumprir ordem executiva para organização de enquete junto à população sobre mudança na Constituição hondurenha. O levantamento, segundo opositores de Zelaya, abriria caminho para sua reeleição, o que é proibido pela atual Carta do país. O militar foi restituído pelo Congresso após o golpe.
Bourgeois visitou Honduras recentemente e fez denúncias de casos de desrespeito a direitos humanos. (SÉRGIO DÁVILA)
domingo, 22 de novembro de 2009
Democracia e República na América Latina
TRIBUNA: RAFAEL ROJAS El Pais
El bicentenario y la tradición republicana
Si hace 200 años los fundadores de Hispanoamérica imaginaron repúblicas sin democracia, hoy, en América Latina, la democracia se ve amenazada por la crisis de los valores que decidieron la independencia
RAFAEL ROJAS 22/11/2009
América Latina llega a dos siglos de su independencia cuando se cumplen 20 años de la caída del Muro de Berlín y del reacomodo de la región a los patrones geopolíticos de la postguerra fría. El bicentenario coincide, además, con el agotamiento de las políticas económicas y sociales, asociadas a la ortodoxia "neoliberal" de los 90, y con el afianzamiento de procesos democráticos que han permitido el acceso al gobierno de importantes partidos, líderes y movimientos de una izquierda postcomunista. Para completar el nuevo escenario, en Estados Unidos se inicia una presidencia decidida a abandonar los últimos vestigios macarthystas de su diplomacia regional.
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Para los fundadores hispanoamericanos el gran dilema era construir ciudadanías
Atribuir a Bolívar una "concepción democrática revolucionaria" es una burla
Es inevitable pensar el bicentenario desde el presente latinoamericano, pero también puede ser engañoso subordinar nuestra percepción de la independencia a la coyuntura actual. Mientras más respetemos la especificidad de aquel proceso político de hace 200 años mayores enseñanzas derivaremos del mismo y mayores similitudes le encontraremos con la América Latina del naciente siglo XXI. Hay más de una semejanza entre una región donde no existían naciones ni Estados, liberalismos ni conservadurismos, nacionalismos ni socialismos, y una región que parece de vuelta de las ideologías predominantes de los dos últimos siglos.
Para los fundadores de las primeras repúblicas hispanoamericanas el gran dilema era construir ciudadanías -que, a partir de la dotación de los mismos derechos civiles y políticos, ellos imaginaron homogéneas- en comunidades caracterizadas por una profunda diferenciación económica, jurídica, étnica, religiosa, lingüística, regional, cultural y política. La mayoría de los letrados y caudillos que intervinieron en el diseño constitucional de los nuevos Estados -Simón Bolívar, Andrés Bello, Fray Servando Teresa de Mier, Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala, Vicente Rocafuerte, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Félix Varela...- veía como un obstáculo la heterogeneidad social de sus respectivos países.
Sin embargo, por actuar en décadas (1810-1840) en las que la polarización entre liberalismo y conservadurismo aún no se manifestaba plenamente, para aquellos primeros republicanos no era importante atacar o defender las propiedades comunales o eclesiásticas, eliminar o preservar el fuero militar, ampliar o limitar el rol de la Iglesia en la educación y en el derecho. Aunque la mayoría de ellos compartía la plataforma doctrinaria del liberalismo gaditano, la ausencia de una querella liberal-conservadora los volvía, acaso indeliberadamente, más flexibles desde un punto de vista comunitario, acercándolos a quienes vivimos en las sociedades multiculturales de hoy.
Las disputas entre centralismo y federalismo no tenían, para aquellos republicanos, las connotaciones que luego tendrán para liberales y conservadores. Los federalistas mexicanos, por ejemplo, no veían en ese régimen la amenaza de una pérdida de soberanía, en los Estados del Norte, ante la expansión territorial de Estados Unidos. Entonces Washington era visto como un aliado, no como un enemigo -connotación que se afianzaría a partir de la guerra con México, entre 1847 y 1848, y la difusión de la doctrina del "destino manifiesto". De ahí que algunos federalistas como Zavala y Rocafuerte pensaran que la autonomía regional, en vez de debilitar, fortalecería la integración territorial de los nuevos Estados.
Los primeros republicanos de Hispanoamérica no eran nacionalistas, pero tampoco eran demócratas: algunos estaban a favor de la tolerancia religiosa, otros no. Cuando Mier o Rocafuerte, Zavala o Vidaurre hablan de democracia lo hacen en un sentido muy parecido al de Tocqueville y otros liberales de la primera mitad del siglo XIX: democracia es, para ellos, sinónimo de igualdad, y, por tanto, de amenaza al equilibrio social. Bolívar, como es sabido, compartía aquellos escrúpulos e ideó fórmulas constitucionales como el "senado hereditario" o la "cámara de censores" para, en sus palabras, "atemperar la democracia con instituciones aristocráticas".
Atribuir a Bolívar una "concepción democrática revolucionaria", "antiburguesa" o "anticapitalista", como hizo el presidente Hugo Chávez en su discurso de toma de posesión, el 10 de enero de 2007, es, cuando menos, una burla a dos siglos de estudios bolivarianos en Iberoamérica. Ese Bolívar protomarxista no sólo es cuestionable desde las conocidas ideas de Marx sobre Bolívar, sino desde los propios textos políticos y constitucionales del Libertador. Con el Bolívar de Chávez sucede como con el Martí de Fidel Castro: dos estadistas republicanos del siglo XIX que terminan siendo desconectados de su propia tradición e incrustados en las izquierdas marxistas del siglo XX.
Muchas de las fórmulas autoritarias que ideó Bolívar, incluida la "presidencia vitalicia", que tomó de la Constitución haitiana, estaban inspiradas en la certeza de que sociedades como las hispanoamericanas, moldeadas por tres siglos de régimen colonial, corporativo, esclavista y estamental, no podían constituir, de la noche a la mañana, ciudadanías modernas. Pero Bolívar otorgó a ese diagnóstico, típicamente ilustrado, un acento republicano que tenía como finalidad la creación de comunidades virtuosas por medio de la educación cívica y de una gradual igualación de derechos y deberes.
El propio Bolívar no ignoraba que instituciones como la "presidencia vitalicia" minaban las bases de una república. En su Discurso de Angostura (1819), dijo que "la continuación de un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos... Un justo celo es la garantía de la libertad republicana y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente". Cuando, siete años después, Bolívar diseña la Constitución de Bolivia como modelo hispanoamericano, la mayoría de los letrados bolivarianos (Mier y Rocafuerte, Vidaurre y Zavala, Bello y Heredia) se le oponen.
Para aquellos fundadores de la Hispanoamérica moderna el arquetipo del estadista republicano era George Washington, quien en 1796, a punto de cumplir su segundo mandato presidencial, declinó postularse a una segunda reelección y se retiró a la vida privada en Mount Vernon. Desde 1808 esos pensadores comenzaron a contraponer la figura de Washington a la de Napoleón, a quien vieron como una encarnación moderna del cesarismo que había malogrado la república romana. A partir de 1826, Bolívar comenzó a ser visto, también, como un nuevo César. Benjamin Constant resumiría ese desencanto hacia la figura del Libertador en un discurso ante el Parlamento francés: "No, la dictadura nunca es un bien; la dictadura nunca es lícita. Nadie está lo suficientemente por encima de su país y de su tiempo para tener derecho a desheredar a sus ciudadanos".
Si hace 200 años, los fundadores de Hispanoamérica imaginaron repúblicas sin democracia, hoy, en América Latina, parecen construirse democracias sin república. Las reformas de los 90 redujeron los Estados al mínimo y limitaron la capacidad de constituir ciudadanías plurales, participativas e incluyentes por medio de la educación, el laicismo y la cultura. El ascenso del autoritarismo de izquierda en la última década, desplazó el péndulo al otro extremo: reelección indefinida, control de la sociedad civil y los medios de comunicación, capitalismo de Estado, caudillismo. A 20 años de la caída del muro de Berlín, todos los países latinoamericanos, menos Cuba, son democráticos, pero la democracia vive amenazada por la crisis de los valores republicanos que decidieron la ruptura con la monarquía absoluta.
El bicentenario y la tradición republicana
Si hace 200 años los fundadores de Hispanoamérica imaginaron repúblicas sin democracia, hoy, en América Latina, la democracia se ve amenazada por la crisis de los valores que decidieron la independencia
RAFAEL ROJAS 22/11/2009
América Latina llega a dos siglos de su independencia cuando se cumplen 20 años de la caída del Muro de Berlín y del reacomodo de la región a los patrones geopolíticos de la postguerra fría. El bicentenario coincide, además, con el agotamiento de las políticas económicas y sociales, asociadas a la ortodoxia "neoliberal" de los 90, y con el afianzamiento de procesos democráticos que han permitido el acceso al gobierno de importantes partidos, líderes y movimientos de una izquierda postcomunista. Para completar el nuevo escenario, en Estados Unidos se inicia una presidencia decidida a abandonar los últimos vestigios macarthystas de su diplomacia regional.
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Para los fundadores hispanoamericanos el gran dilema era construir ciudadanías
Atribuir a Bolívar una "concepción democrática revolucionaria" es una burla
Es inevitable pensar el bicentenario desde el presente latinoamericano, pero también puede ser engañoso subordinar nuestra percepción de la independencia a la coyuntura actual. Mientras más respetemos la especificidad de aquel proceso político de hace 200 años mayores enseñanzas derivaremos del mismo y mayores similitudes le encontraremos con la América Latina del naciente siglo XXI. Hay más de una semejanza entre una región donde no existían naciones ni Estados, liberalismos ni conservadurismos, nacionalismos ni socialismos, y una región que parece de vuelta de las ideologías predominantes de los dos últimos siglos.
Para los fundadores de las primeras repúblicas hispanoamericanas el gran dilema era construir ciudadanías -que, a partir de la dotación de los mismos derechos civiles y políticos, ellos imaginaron homogéneas- en comunidades caracterizadas por una profunda diferenciación económica, jurídica, étnica, religiosa, lingüística, regional, cultural y política. La mayoría de los letrados y caudillos que intervinieron en el diseño constitucional de los nuevos Estados -Simón Bolívar, Andrés Bello, Fray Servando Teresa de Mier, Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala, Vicente Rocafuerte, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Félix Varela...- veía como un obstáculo la heterogeneidad social de sus respectivos países.
Sin embargo, por actuar en décadas (1810-1840) en las que la polarización entre liberalismo y conservadurismo aún no se manifestaba plenamente, para aquellos primeros republicanos no era importante atacar o defender las propiedades comunales o eclesiásticas, eliminar o preservar el fuero militar, ampliar o limitar el rol de la Iglesia en la educación y en el derecho. Aunque la mayoría de ellos compartía la plataforma doctrinaria del liberalismo gaditano, la ausencia de una querella liberal-conservadora los volvía, acaso indeliberadamente, más flexibles desde un punto de vista comunitario, acercándolos a quienes vivimos en las sociedades multiculturales de hoy.
Las disputas entre centralismo y federalismo no tenían, para aquellos republicanos, las connotaciones que luego tendrán para liberales y conservadores. Los federalistas mexicanos, por ejemplo, no veían en ese régimen la amenaza de una pérdida de soberanía, en los Estados del Norte, ante la expansión territorial de Estados Unidos. Entonces Washington era visto como un aliado, no como un enemigo -connotación que se afianzaría a partir de la guerra con México, entre 1847 y 1848, y la difusión de la doctrina del "destino manifiesto". De ahí que algunos federalistas como Zavala y Rocafuerte pensaran que la autonomía regional, en vez de debilitar, fortalecería la integración territorial de los nuevos Estados.
Los primeros republicanos de Hispanoamérica no eran nacionalistas, pero tampoco eran demócratas: algunos estaban a favor de la tolerancia religiosa, otros no. Cuando Mier o Rocafuerte, Zavala o Vidaurre hablan de democracia lo hacen en un sentido muy parecido al de Tocqueville y otros liberales de la primera mitad del siglo XIX: democracia es, para ellos, sinónimo de igualdad, y, por tanto, de amenaza al equilibrio social. Bolívar, como es sabido, compartía aquellos escrúpulos e ideó fórmulas constitucionales como el "senado hereditario" o la "cámara de censores" para, en sus palabras, "atemperar la democracia con instituciones aristocráticas".
Atribuir a Bolívar una "concepción democrática revolucionaria", "antiburguesa" o "anticapitalista", como hizo el presidente Hugo Chávez en su discurso de toma de posesión, el 10 de enero de 2007, es, cuando menos, una burla a dos siglos de estudios bolivarianos en Iberoamérica. Ese Bolívar protomarxista no sólo es cuestionable desde las conocidas ideas de Marx sobre Bolívar, sino desde los propios textos políticos y constitucionales del Libertador. Con el Bolívar de Chávez sucede como con el Martí de Fidel Castro: dos estadistas republicanos del siglo XIX que terminan siendo desconectados de su propia tradición e incrustados en las izquierdas marxistas del siglo XX.
Muchas de las fórmulas autoritarias que ideó Bolívar, incluida la "presidencia vitalicia", que tomó de la Constitución haitiana, estaban inspiradas en la certeza de que sociedades como las hispanoamericanas, moldeadas por tres siglos de régimen colonial, corporativo, esclavista y estamental, no podían constituir, de la noche a la mañana, ciudadanías modernas. Pero Bolívar otorgó a ese diagnóstico, típicamente ilustrado, un acento republicano que tenía como finalidad la creación de comunidades virtuosas por medio de la educación cívica y de una gradual igualación de derechos y deberes.
El propio Bolívar no ignoraba que instituciones como la "presidencia vitalicia" minaban las bases de una república. En su Discurso de Angostura (1819), dijo que "la continuación de un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos... Un justo celo es la garantía de la libertad republicana y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente". Cuando, siete años después, Bolívar diseña la Constitución de Bolivia como modelo hispanoamericano, la mayoría de los letrados bolivarianos (Mier y Rocafuerte, Vidaurre y Zavala, Bello y Heredia) se le oponen.
Para aquellos fundadores de la Hispanoamérica moderna el arquetipo del estadista republicano era George Washington, quien en 1796, a punto de cumplir su segundo mandato presidencial, declinó postularse a una segunda reelección y se retiró a la vida privada en Mount Vernon. Desde 1808 esos pensadores comenzaron a contraponer la figura de Washington a la de Napoleón, a quien vieron como una encarnación moderna del cesarismo que había malogrado la república romana. A partir de 1826, Bolívar comenzó a ser visto, también, como un nuevo César. Benjamin Constant resumiría ese desencanto hacia la figura del Libertador en un discurso ante el Parlamento francés: "No, la dictadura nunca es un bien; la dictadura nunca es lícita. Nadie está lo suficientemente por encima de su país y de su tiempo para tener derecho a desheredar a sus ciudadanos".
Si hace 200 años, los fundadores de Hispanoamérica imaginaron repúblicas sin democracia, hoy, en América Latina, parecen construirse democracias sin república. Las reformas de los 90 redujeron los Estados al mínimo y limitaron la capacidad de constituir ciudadanías plurales, participativas e incluyentes por medio de la educación, el laicismo y la cultura. El ascenso del autoritarismo de izquierda en la última década, desplazó el péndulo al otro extremo: reelección indefinida, control de la sociedad civil y los medios de comunicación, capitalismo de Estado, caudillismo. A 20 años de la caída del muro de Berlín, todos los países latinoamericanos, menos Cuba, son democráticos, pero la democracia vive amenazada por la crisis de los valores republicanos que decidieron la ruptura con la monarquía absoluta.
Garzón e Chile
Garzón reactiva el caso por el asesinato de Soria e imputa a dos ex ministros chilenos
JOSÉ YOLDI - Madrid - 22/11/2009 El Pais
El juez Baltasar Garzón ha reactivado el caso por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976 por agentes de la policía secreta chilena, la tristemente célebre DINA, y ha imputado a 13 militares y políticos chilenos, entre ellos los ex ministros de Defensa e Interior, Herman Brady Roche y César Raúl Benavides. El caso se inició en 1998, a instancias del letrado Joan Garcés, en el marco del proceso por genocidio, terrorismo y torturas dirigido contra el dictador Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de 2006.
Soria, que era diplomático de las Naciones Unidas y nieto del arquitecto y urbanista Arturo Soria, fue secuestrado por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA cuando regresaba en coche a su domicilio, por orden del comandante Raúl Eduardo Iturriaga. Fue brutalmente torturado durante horas y finalmente fue colocado en unas escaleras donde le aplastaron el pecho hasta lograr una doble fractura de la columna vertebral que le causó la muerte. Luego, simularon un accidente al despeñar su coche, con su cadáver en el interior.
Garzón considera que los hechos podrían constituir delitos de torturas y asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad dentro de un plan sistemático de atentar contra la vida, la libertad y seguridad de las personas, concebido por Pinochet y los responsables del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Si los jefes y agentes de la DINA fueron los autores materiales, Brady, Benavides y el subsecretario de Interior, Enrique Montero Marx fueron los autores intelectuales al facilitar los medios y dar cobertura a las torturas y asesinato de Soria.
Garzón ha decidido no dirigir el proceso penal contra Mónica Madariaga y Sergio Fernández, que eran ministros de Justicia y de Interior, respectivamente, en 1978, cuando firmaron el Decreto de Amnistía que sirvió para conferir la impunidad a los autores, cómplices y encubridores del crimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró nulo el citado decreto, pero el juez considera que el hecho de que los dos ministros firmaran el decreto no es suficiente para proceder contra ellos, pues de admitir esa razón habría que proceder también contra todos los demás miembros del Gobierno que avalaron el decreto y los que aplicaron la norma posteriormente.
El juez ha cursado una comisión rogatoria para poder interrogar a los imputados en Chile. Se trata de los miembros de la DINA Manuel Contreras, Raúl Eduardo Iturriaga, Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio Ríos, Guillermo Salinas, Pablo Belmar, René Patricio Quiloht, Rolf Wenderoth y Ricardo Lawrence Mires; Herman Brady, ex ministro de Defensa; César Raúl Benavides, ex ministro de Interior y los altos cargos de ese departamento Enrique Montero y Pedro Espinoza.
JOSÉ YOLDI - Madrid - 22/11/2009 El Pais
El juez Baltasar Garzón ha reactivado el caso por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976 por agentes de la policía secreta chilena, la tristemente célebre DINA, y ha imputado a 13 militares y políticos chilenos, entre ellos los ex ministros de Defensa e Interior, Herman Brady Roche y César Raúl Benavides. El caso se inició en 1998, a instancias del letrado Joan Garcés, en el marco del proceso por genocidio, terrorismo y torturas dirigido contra el dictador Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de 2006.
Soria, que era diplomático de las Naciones Unidas y nieto del arquitecto y urbanista Arturo Soria, fue secuestrado por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA cuando regresaba en coche a su domicilio, por orden del comandante Raúl Eduardo Iturriaga. Fue brutalmente torturado durante horas y finalmente fue colocado en unas escaleras donde le aplastaron el pecho hasta lograr una doble fractura de la columna vertebral que le causó la muerte. Luego, simularon un accidente al despeñar su coche, con su cadáver en el interior.
Garzón considera que los hechos podrían constituir delitos de torturas y asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad dentro de un plan sistemático de atentar contra la vida, la libertad y seguridad de las personas, concebido por Pinochet y los responsables del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Si los jefes y agentes de la DINA fueron los autores materiales, Brady, Benavides y el subsecretario de Interior, Enrique Montero Marx fueron los autores intelectuales al facilitar los medios y dar cobertura a las torturas y asesinato de Soria.
Garzón ha decidido no dirigir el proceso penal contra Mónica Madariaga y Sergio Fernández, que eran ministros de Justicia y de Interior, respectivamente, en 1978, cuando firmaron el Decreto de Amnistía que sirvió para conferir la impunidad a los autores, cómplices y encubridores del crimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró nulo el citado decreto, pero el juez considera que el hecho de que los dos ministros firmaran el decreto no es suficiente para proceder contra ellos, pues de admitir esa razón habría que proceder también contra todos los demás miembros del Gobierno que avalaron el decreto y los que aplicaron la norma posteriormente.
El juez ha cursado una comisión rogatoria para poder interrogar a los imputados en Chile. Se trata de los miembros de la DINA Manuel Contreras, Raúl Eduardo Iturriaga, Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio Ríos, Guillermo Salinas, Pablo Belmar, René Patricio Quiloht, Rolf Wenderoth y Ricardo Lawrence Mires; Herman Brady, ex ministro de Defensa; César Raúl Benavides, ex ministro de Interior y los altos cargos de ese departamento Enrique Montero y Pedro Espinoza.
sexta-feira, 20 de novembro de 2009
A tortura e o Judiciário
Conjur de 19 de novembro de 2009
Balança do JudiciárioJustiça favorece agentes
públicos, diz pesquisaHá uma efetiva dissonância entre a criminalização da
tortura no ordenamento jurídico e político e a punição desses crimes
quando são cometidos por agentes públicos. A tese é sustentada pela
pesquisadora Maria Gorete Marques de Jesus, do Núcleo de Estudos da
Violência da USP, no trabalho “O crime de tortura e a Justiça criminal: um
estudo dos processos de tortura na cidade de São Paulo”.
De acordo com a pesquisadora, a balança da Justiça perde o equilíbrio
quando quem está no banco dos réus é um agente do Estado. Para ela, nesses
casos, o Judiciário parte de fatores extra-legais em detrimento de fatores
legais. A tese de Maria Gorete se apoia na análise de 50 processos
judiciais, no período de cinco anos (2000-2004), que envolviam crimes de
tortura.
Nos casos de acusações apresentadas contra agente do Estado, 18% dos réus
foram condenados por crime de tortura, de acordo com a pesquisa. A
situação não foi a mesma quando quem estava no banco dos réus era uma
pessoa comum. Nesse último caso, o percentual de condenação saltou para
50%.
Em 2005, a Justiça paulista absolveu 23 funcionários também da antiga
Febem acusados pelo Ministério Público de crime de tortura. A decisão foi
do juiz Djalma Rubens Lofrano Filho, da 30ª Vara Criminal Central. Ele
concluiu que não havia provas seguras da ocorrência do crime nem da
autoria dos delitos apontados pela Promotoria.
Os fatos descritos na denúncia aconteceram na noite de 16 de junho de
2000, na Unidade Educacional UAP – Pinheiros, localizada no Cadeião de
Pinheiros, na capital paulista. Depois de uma rebelião na Febem Tatuapé,
os adolescentes foram transferidos para Pinheiros. No local, eles passaram
por “uma revista” onde teriam sido submetidos à sessão de tortura.
Segundo a denúncia, os funcionários acusados agrediram 29 internos daquela
unidade com tacos de beisebol e pedaços de paus. Após o espancamento, os
acusados teriam deixado os adolescentes seminus durante toda a noite e
madrugada.
“Em face do quadro, à mingua de maiores esclarecimentos sobre a autoria
das agressões que vitimaram os adolescentes, acolhe-se inteiramente o
pedido de absolvição de todos os réus formulado pela defesa, lembrando-se
que, para que se imponha uma decisão condenatória, é imprescindível a
produção de prova segura da ocorrência do fato e induvidosa da autoria, o
que não ocorreu no caso ora em julgamento”, sentenciou o juiz.
Nesse caso, o juiz entendeu que as provas colhidas foram “contraditórias”
e não confirmaram que ocorreram “atos de tortura ou agressões” praticados
contra os internos, depois que chegaram no Cadeião de Pinheiros. “O quadro
probatório descrito é extremamente frágil e insuficiente para amparar a
procedência da ação penal”, afirmou.
Em outubro deste ano, a juíza Luciani Retto da Silva, do 1º Tribunal do
Júri da Capital, absolveu o ex-monitor da extinta Febem, atual Fundação
Casa, Arnaldo Penha dos Santos. Ele era acusado pela morte de um interno e
da prática de lesão corporal e tortura contra outros adolescentes.
O julgamento presidido pela juíza envolveu o ex-coordenador da unidade da
extinta Febem do chamado complexo do Tatuapé. Ele foi acusado de torturar
28 internos, depois de uma tentativa de rebelião. O caso também foi
emblemático porque foi a primeira vez que um funcionário daquela
instituição foi a Júri popular pela morte de um interno.
O fundamento da juíza para absolver o réu foi o da falta de provas. Ela
entendeu que o conjunto de elementos trazidos ao processo contra o
ex-servidor não era suficiente para impor a condenação. “Não há qualquer
elemento trazido aos autos que descreva a individualização da conduta do
réu em cada um dos crimes a ele imputados, fato que como sabido deve ser
comprovado pela acusação”, afirmou.
“Inúmeros são os crimes imputados ao réu, mas em relação a nenhum deles
houve apuração certeira sobre a participação, razão pela qual absolvo o
acusado dos delitos”, completou a juíza. No mesmo caso, outros 11
funcionários da extinta Febem também foram denunciados.
Para a pesquisadora da USP, se a punição por crimes de tortura é tão
irrelevante se comparada às denúncias desse tipo de crime, isso pode
indicar que no momento do julgamento não se problematiza o ato criminoso
contra um ser humano. Segundo ela, no Brasil, a prática da tortura está
diretamente ligada aos castigos corporais como forma de correção e
disciplina. E essa mentalidade ainda está presente, não apenas na
sociedade, mas também no sistema de Justiça, diz.
Maria Gorete diz que quando o réu é agente público a vítima é colocada em
descrédito. A situação se inverteria, quando o acusado é uma pessoa comum.
Nesse caso, é a versão do réu que é colocada em descrédito. Com
informações da Agência USP
Balança do JudiciárioJustiça favorece agentes
públicos, diz pesquisaHá uma efetiva dissonância entre a criminalização da
tortura no ordenamento jurídico e político e a punição desses crimes
quando são cometidos por agentes públicos. A tese é sustentada pela
pesquisadora Maria Gorete Marques de Jesus, do Núcleo de Estudos da
Violência da USP, no trabalho “O crime de tortura e a Justiça criminal: um
estudo dos processos de tortura na cidade de São Paulo”.
De acordo com a pesquisadora, a balança da Justiça perde o equilíbrio
quando quem está no banco dos réus é um agente do Estado. Para ela, nesses
casos, o Judiciário parte de fatores extra-legais em detrimento de fatores
legais. A tese de Maria Gorete se apoia na análise de 50 processos
judiciais, no período de cinco anos (2000-2004), que envolviam crimes de
tortura.
Nos casos de acusações apresentadas contra agente do Estado, 18% dos réus
foram condenados por crime de tortura, de acordo com a pesquisa. A
situação não foi a mesma quando quem estava no banco dos réus era uma
pessoa comum. Nesse último caso, o percentual de condenação saltou para
50%.
Em 2005, a Justiça paulista absolveu 23 funcionários também da antiga
Febem acusados pelo Ministério Público de crime de tortura. A decisão foi
do juiz Djalma Rubens Lofrano Filho, da 30ª Vara Criminal Central. Ele
concluiu que não havia provas seguras da ocorrência do crime nem da
autoria dos delitos apontados pela Promotoria.
Os fatos descritos na denúncia aconteceram na noite de 16 de junho de
2000, na Unidade Educacional UAP – Pinheiros, localizada no Cadeião de
Pinheiros, na capital paulista. Depois de uma rebelião na Febem Tatuapé,
os adolescentes foram transferidos para Pinheiros. No local, eles passaram
por “uma revista” onde teriam sido submetidos à sessão de tortura.
Segundo a denúncia, os funcionários acusados agrediram 29 internos daquela
unidade com tacos de beisebol e pedaços de paus. Após o espancamento, os
acusados teriam deixado os adolescentes seminus durante toda a noite e
madrugada.
“Em face do quadro, à mingua de maiores esclarecimentos sobre a autoria
das agressões que vitimaram os adolescentes, acolhe-se inteiramente o
pedido de absolvição de todos os réus formulado pela defesa, lembrando-se
que, para que se imponha uma decisão condenatória, é imprescindível a
produção de prova segura da ocorrência do fato e induvidosa da autoria, o
que não ocorreu no caso ora em julgamento”, sentenciou o juiz.
Nesse caso, o juiz entendeu que as provas colhidas foram “contraditórias”
e não confirmaram que ocorreram “atos de tortura ou agressões” praticados
contra os internos, depois que chegaram no Cadeião de Pinheiros. “O quadro
probatório descrito é extremamente frágil e insuficiente para amparar a
procedência da ação penal”, afirmou.
Em outubro deste ano, a juíza Luciani Retto da Silva, do 1º Tribunal do
Júri da Capital, absolveu o ex-monitor da extinta Febem, atual Fundação
Casa, Arnaldo Penha dos Santos. Ele era acusado pela morte de um interno e
da prática de lesão corporal e tortura contra outros adolescentes.
O julgamento presidido pela juíza envolveu o ex-coordenador da unidade da
extinta Febem do chamado complexo do Tatuapé. Ele foi acusado de torturar
28 internos, depois de uma tentativa de rebelião. O caso também foi
emblemático porque foi a primeira vez que um funcionário daquela
instituição foi a Júri popular pela morte de um interno.
O fundamento da juíza para absolver o réu foi o da falta de provas. Ela
entendeu que o conjunto de elementos trazidos ao processo contra o
ex-servidor não era suficiente para impor a condenação. “Não há qualquer
elemento trazido aos autos que descreva a individualização da conduta do
réu em cada um dos crimes a ele imputados, fato que como sabido deve ser
comprovado pela acusação”, afirmou.
“Inúmeros são os crimes imputados ao réu, mas em relação a nenhum deles
houve apuração certeira sobre a participação, razão pela qual absolvo o
acusado dos delitos”, completou a juíza. No mesmo caso, outros 11
funcionários da extinta Febem também foram denunciados.
Para a pesquisadora da USP, se a punição por crimes de tortura é tão
irrelevante se comparada às denúncias desse tipo de crime, isso pode
indicar que no momento do julgamento não se problematiza o ato criminoso
contra um ser humano. Segundo ela, no Brasil, a prática da tortura está
diretamente ligada aos castigos corporais como forma de correção e
disciplina. E essa mentalidade ainda está presente, não apenas na
sociedade, mas também no sistema de Justiça, diz.
Maria Gorete diz que quando o réu é agente público a vítima é colocada em
descrédito. A situação se inverteria, quando o acusado é uma pessoa comum.
Nesse caso, é a versão do réu que é colocada em descrédito. Com
informações da Agência USP
quinta-feira, 19 de novembro de 2009
Presidência da União Européia
Folha de São Paulo, quinta-feira, 19 de novembro de 2009
Longe de um consenso, UE escolhe hoje seu presidente
Países têm divergências sobre perfil e origem de novo homem forte do bloco
Nome mais cotado até ontem era o premiê belga, Herman Van Rompuy, mas candidatura de Tony Blair ainda mantinha adeptos
A União Europeia escolhe hoje seu primeiro presidente, mas o cabo de guerra político que por dois anos protelou a aprovação do Tratado de Lisboa (o documento que moderniza a estrutura política do bloco) não vai acabar no jantar desta noite.
A horas de a decisão inédita ser tomada em Bruxelas pelos líderes dos 27 países-membros, ninguém fazia ideia de quem seria o presidente, de que país deveria vir ou qual perfil político deveria ter. Até agora, a presidência rodava a cada semestre entre os integrantes, mas o inchaço do bloco tornou o modelo inviável.
O escolhido terá mandato de dois anos e meio renovável uma vez. O atual favorito é o premiê belga, Herman Van Rompuy, um político de centro-direita há menos de um ano no cargo que superou o colega Jean-Claude Juncker, cujas chances diminuíram por vir ele do diminuto Luxemburgo.
Sua liderança nas apostas, no entanto, é tão tíbia quanto sua experiência e seu nome, que carece do apoio dos governos de esquerda e daqueles para quem o bloco precisa de um líder que ressoe globalmente se quiser fazer frente a EUA e China.
Os que endossam essa visão continuam a apostar no ex-premiê britânico Tony Blair, mas suas chances se esvaem na proporção que cresce o rechaço dos países centro-europeus, favoráveis a alguém mais à direita, e as discussões dentro do próprio Reino Unido, onde a oposição o descreve como um líder que privilegiou os EUA em detrimento da Europa.
Nessa linha, a alternativa mais citada é o ex-premiê sueco de centro-direita Carl Bildt.
Rumores de acordos de bastidores irritaram alguns políticos lançados como candidatos -não há lista oficial, mas mais de 20 nomes já foram citados.
Noite longa
As três semanas que decorreram desde a decisão do presidente tcheco, Vaclav Klaus, de assinar o tratado e derrubar o último obstáculo à sua implementação em 2010 foram pouco para afinar um coro com vozes tão dissonantes política, econômica e historicamente.
A julgar pelas declarações mais recentes dos líderes e pelas análises na mídia europeia, o jantar desta noite, quando os chefes de Estado e de governo apontarão um nome, deve refletir todas essas polarizações. Ainda ontem, o premiê direitista Silvio Berlusconi (Itália) disse que ele e seus colegas estavam longe do entendimento.
O Tratado de Lisboa visa modernizar estruturas que ficaram anacrônicas quando a UE cresceu de 15 para 27 membros. O estatuto cria cargos com real poder -embora não defina quem representará o bloco- e estabelece a maioria qualificada para agilizar um processo decisório por consenso que frequentemente trava.
Essa dificuldade congênita que fez da UE um parceiro disfuncional em fóruns globais deve ser levada à mesa hoje, como adiantou o premiê sueco Fredrik Reinfeldt, na presidência rotativa do bloco. "Temos os nomes [para os cargos]? Não sei. Pode levar horas. Pode levar a noite toda. É para isso que estou me preparando."
Longe de um consenso, UE escolhe hoje seu presidente
Países têm divergências sobre perfil e origem de novo homem forte do bloco
Nome mais cotado até ontem era o premiê belga, Herman Van Rompuy, mas candidatura de Tony Blair ainda mantinha adeptos
A União Europeia escolhe hoje seu primeiro presidente, mas o cabo de guerra político que por dois anos protelou a aprovação do Tratado de Lisboa (o documento que moderniza a estrutura política do bloco) não vai acabar no jantar desta noite.
A horas de a decisão inédita ser tomada em Bruxelas pelos líderes dos 27 países-membros, ninguém fazia ideia de quem seria o presidente, de que país deveria vir ou qual perfil político deveria ter. Até agora, a presidência rodava a cada semestre entre os integrantes, mas o inchaço do bloco tornou o modelo inviável.
O escolhido terá mandato de dois anos e meio renovável uma vez. O atual favorito é o premiê belga, Herman Van Rompuy, um político de centro-direita há menos de um ano no cargo que superou o colega Jean-Claude Juncker, cujas chances diminuíram por vir ele do diminuto Luxemburgo.
Sua liderança nas apostas, no entanto, é tão tíbia quanto sua experiência e seu nome, que carece do apoio dos governos de esquerda e daqueles para quem o bloco precisa de um líder que ressoe globalmente se quiser fazer frente a EUA e China.
Os que endossam essa visão continuam a apostar no ex-premiê britânico Tony Blair, mas suas chances se esvaem na proporção que cresce o rechaço dos países centro-europeus, favoráveis a alguém mais à direita, e as discussões dentro do próprio Reino Unido, onde a oposição o descreve como um líder que privilegiou os EUA em detrimento da Europa.
Nessa linha, a alternativa mais citada é o ex-premiê sueco de centro-direita Carl Bildt.
Rumores de acordos de bastidores irritaram alguns políticos lançados como candidatos -não há lista oficial, mas mais de 20 nomes já foram citados.
Noite longa
As três semanas que decorreram desde a decisão do presidente tcheco, Vaclav Klaus, de assinar o tratado e derrubar o último obstáculo à sua implementação em 2010 foram pouco para afinar um coro com vozes tão dissonantes política, econômica e historicamente.
A julgar pelas declarações mais recentes dos líderes e pelas análises na mídia europeia, o jantar desta noite, quando os chefes de Estado e de governo apontarão um nome, deve refletir todas essas polarizações. Ainda ontem, o premiê direitista Silvio Berlusconi (Itália) disse que ele e seus colegas estavam longe do entendimento.
O Tratado de Lisboa visa modernizar estruturas que ficaram anacrônicas quando a UE cresceu de 15 para 27 membros. O estatuto cria cargos com real poder -embora não defina quem representará o bloco- e estabelece a maioria qualificada para agilizar um processo decisório por consenso que frequentemente trava.
Essa dificuldade congênita que fez da UE um parceiro disfuncional em fóruns globais deve ser levada à mesa hoje, como adiantou o premiê sueco Fredrik Reinfeldt, na presidência rotativa do bloco. "Temos os nomes [para os cargos]? Não sei. Pode levar horas. Pode levar a noite toda. É para isso que estou me preparando."
terça-feira, 17 de novembro de 2009
O papel do Estado
Valor Econômico
Acerca do Estado-"amálgama"
Fábio Wanderley Reis
16/11/2009
A intensificação, eleitoralmente motivada, da discussão sobre os feitos e malfeitos do governo Luiz Inácio Lula da Silva traz de novo à tona o embate de velhas concepções sobre a conformação e o papel do Estado numa sociedade capitalista, cujo reexame pode valer a pena.
Há três perspectivas básicas a destacar. Uma, a perspectiva liberal, salienta no Estado sobretudo um sujeito ou foco autônomo de poder a ser contido. Outra, a crítica marxista, vê no Estado um instrumento de relações de dominação produzidas na esfera "social" ou privada e apropriado pelos detentores do poder correspondente, que o usam na promoção dos seus interesses próprios. A terceira perspectiva (aliás presente também como contraface da própria crítica marxista do Estado capitalista, apesar da fantasia utópica da obtenção da harmonia na sociedade sem Estado) enxerga o Estado como possível instrumento de neutralização de relações "sociais" ou privadas de poder, ou como instrumento potencial de todos - o que implica, naturalmente, a ideia de um Estado que age e intervém em nome de objetivos solidários e em alguma medida igualitários. Tais objetivos podem reduzir-se inicialmente, de um ponto de vista liberal mais estrito, à garantia dos direitos civis ou da autonomia dos cidadãos perante o Estado (da "igualdade perante a lei"); mas não há como escapar, na dinâmica sociopolítica cotidiana, da pergunta sobre como conter as ameaças tanto "estatais" quanto sociais e privadas à autonomia, e o tema clássico das "condições sociais da democracia política (liberal)" acaba por articular-se de modo complicado com o das "condições políticas da democracia social" - e na verdade também das "condições políticas da democracia política"... Em todo caso, em vez de mera "contenção", as exigências quanto ao Estado se tornam contraditórias, e o desafio é de construção institucional laboriosa: ele tem de ser capaz de autolimitar-se, mas também de constituir-se em arena aberta à manifestação de interesses diversos, por um lado, e em agente capaz de atuar com eficiência na agregação desses interesses e na promoção do resultado democraticamente aceitável da agregação, por outro. Não admira que as confusões se multipliquem no mero plano intelectual - sem falar do choque de diferentes posições políticas e valorativas.
Assim, se tomamos o tema específico do corporativismo (sobre o qual já andei escrevendo aqui) como ponto focal de algumas das manifestações recentes, são bem claras as razões da feição negativa que essas manifestações ressaltaram. Afinal, "corporativismo" (quando não reduzido à identificação com os interesses estreitos de uma categoria ou outra) remete ao fascismo ou a Estados que controlam autoritariamente grupos ou setores economicamente relevantes. No entanto, a ciência política internacional acordou há algum tempo para o fato de que a dinâmica da democracia nos países avançados levava por si mesma a pactos corporativos em que, sob o patrocínio do Estado democrático, sindicatos trabalhistas e associações empresariais foram trazidos a participar de importantes decisões de política econômica e social. Apesar de questionamentos, e dos reajustes exigidos pela onda "neoliberal" imposta pela globalização, a reviravolta levou mesmo, de maneira não muito consistente, à busca de nomes novos em que a contribuição democrática do "neocorporativismo" pudesse ser separada do autoritarismo que se supunha inerente ao corporativismo como tal.
O tema geral das políticas sociais e dos mecanismos de "welfare" são outro ponto correlato de confusão. Além da concepção em que o próprio Estado de bem-estar surge internacionalmente como atendendo a uma necessidade funcional do capitalismo e, no limite, como manipulação destinada a legitimá-lo, nossa própria experiência com a previdência social já foi ligada com a face mais feia do corporativismo: ela mostraria uma "cidadania regulada", como a chamou Wanderley G. dos Santos, equivalente à definição autoritária da cidadania por referência a parâmetros corporativos em que se destacam a regulamentação das profissões, a carteira profissional e o sindicato público. Mas, além de que a "regulação" da cidadania redunda em algo imperioso na perspectiva da "juridificação" das relações sociais que nem a simples visão liberal do Estado pode dispensar, a inconsistência da caracterização acaba surgindo com clareza em que na verdade se cobra mais regulação, e não menos, na denúncia de um processo de proteção social que, favorecendo o seguro social e a contribuição paga pelo segurado, consagra diferenças que vêm do mercado... A tensão e a confusão entre uma visão de "autoritarismo" do Estado e outra de "paternalismo" por parte dele é bem clara na literatura que Santos exemplifica - como se não bastasse o que ocorre quanto à ideia de paternalismo, já de si objeto frequente de denúncias desatentas para o fato de que o Estado democrático não pode ser apenas aquele que responda à capacidade de pressão dos interesses de força desigual.
Num nível de filosofia política abstrata, é possível contrapor, como se faz há tempos, uma posição "utilitarista", em que o Estado surge como o agente imparcial do todo, à posição "contratualista" em que agentes autônomos deliberam sobre a conformação (a "constituição") a ser dada à ordem social. Contudo, o problema "constitucional" decorre justamente da diversidade e do frequente antagonismo dos interesses autônomos. Se se quiser evitar ou superar a violência em formas diversas, a meta não pode deixar de ser um Estado capaz de aderir ao ponto de vista do todo. E de construir "amálgamas" em que a distribuição tão igualitária e democrática quanto possível de poder não impeça a produção de poder e a eficiência do ponto de vista de objetivos passíveis de serem tomados como objetivos coletivos.
Fábio Wanderley Reis é cientista político e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Escreve às segundas-feiras
Acerca do Estado-"amálgama"
Fábio Wanderley Reis
16/11/2009
A intensificação, eleitoralmente motivada, da discussão sobre os feitos e malfeitos do governo Luiz Inácio Lula da Silva traz de novo à tona o embate de velhas concepções sobre a conformação e o papel do Estado numa sociedade capitalista, cujo reexame pode valer a pena.
Há três perspectivas básicas a destacar. Uma, a perspectiva liberal, salienta no Estado sobretudo um sujeito ou foco autônomo de poder a ser contido. Outra, a crítica marxista, vê no Estado um instrumento de relações de dominação produzidas na esfera "social" ou privada e apropriado pelos detentores do poder correspondente, que o usam na promoção dos seus interesses próprios. A terceira perspectiva (aliás presente também como contraface da própria crítica marxista do Estado capitalista, apesar da fantasia utópica da obtenção da harmonia na sociedade sem Estado) enxerga o Estado como possível instrumento de neutralização de relações "sociais" ou privadas de poder, ou como instrumento potencial de todos - o que implica, naturalmente, a ideia de um Estado que age e intervém em nome de objetivos solidários e em alguma medida igualitários. Tais objetivos podem reduzir-se inicialmente, de um ponto de vista liberal mais estrito, à garantia dos direitos civis ou da autonomia dos cidadãos perante o Estado (da "igualdade perante a lei"); mas não há como escapar, na dinâmica sociopolítica cotidiana, da pergunta sobre como conter as ameaças tanto "estatais" quanto sociais e privadas à autonomia, e o tema clássico das "condições sociais da democracia política (liberal)" acaba por articular-se de modo complicado com o das "condições políticas da democracia social" - e na verdade também das "condições políticas da democracia política"... Em todo caso, em vez de mera "contenção", as exigências quanto ao Estado se tornam contraditórias, e o desafio é de construção institucional laboriosa: ele tem de ser capaz de autolimitar-se, mas também de constituir-se em arena aberta à manifestação de interesses diversos, por um lado, e em agente capaz de atuar com eficiência na agregação desses interesses e na promoção do resultado democraticamente aceitável da agregação, por outro. Não admira que as confusões se multipliquem no mero plano intelectual - sem falar do choque de diferentes posições políticas e valorativas.
Assim, se tomamos o tema específico do corporativismo (sobre o qual já andei escrevendo aqui) como ponto focal de algumas das manifestações recentes, são bem claras as razões da feição negativa que essas manifestações ressaltaram. Afinal, "corporativismo" (quando não reduzido à identificação com os interesses estreitos de uma categoria ou outra) remete ao fascismo ou a Estados que controlam autoritariamente grupos ou setores economicamente relevantes. No entanto, a ciência política internacional acordou há algum tempo para o fato de que a dinâmica da democracia nos países avançados levava por si mesma a pactos corporativos em que, sob o patrocínio do Estado democrático, sindicatos trabalhistas e associações empresariais foram trazidos a participar de importantes decisões de política econômica e social. Apesar de questionamentos, e dos reajustes exigidos pela onda "neoliberal" imposta pela globalização, a reviravolta levou mesmo, de maneira não muito consistente, à busca de nomes novos em que a contribuição democrática do "neocorporativismo" pudesse ser separada do autoritarismo que se supunha inerente ao corporativismo como tal.
O tema geral das políticas sociais e dos mecanismos de "welfare" são outro ponto correlato de confusão. Além da concepção em que o próprio Estado de bem-estar surge internacionalmente como atendendo a uma necessidade funcional do capitalismo e, no limite, como manipulação destinada a legitimá-lo, nossa própria experiência com a previdência social já foi ligada com a face mais feia do corporativismo: ela mostraria uma "cidadania regulada", como a chamou Wanderley G. dos Santos, equivalente à definição autoritária da cidadania por referência a parâmetros corporativos em que se destacam a regulamentação das profissões, a carteira profissional e o sindicato público. Mas, além de que a "regulação" da cidadania redunda em algo imperioso na perspectiva da "juridificação" das relações sociais que nem a simples visão liberal do Estado pode dispensar, a inconsistência da caracterização acaba surgindo com clareza em que na verdade se cobra mais regulação, e não menos, na denúncia de um processo de proteção social que, favorecendo o seguro social e a contribuição paga pelo segurado, consagra diferenças que vêm do mercado... A tensão e a confusão entre uma visão de "autoritarismo" do Estado e outra de "paternalismo" por parte dele é bem clara na literatura que Santos exemplifica - como se não bastasse o que ocorre quanto à ideia de paternalismo, já de si objeto frequente de denúncias desatentas para o fato de que o Estado democrático não pode ser apenas aquele que responda à capacidade de pressão dos interesses de força desigual.
Num nível de filosofia política abstrata, é possível contrapor, como se faz há tempos, uma posição "utilitarista", em que o Estado surge como o agente imparcial do todo, à posição "contratualista" em que agentes autônomos deliberam sobre a conformação (a "constituição") a ser dada à ordem social. Contudo, o problema "constitucional" decorre justamente da diversidade e do frequente antagonismo dos interesses autônomos. Se se quiser evitar ou superar a violência em formas diversas, a meta não pode deixar de ser um Estado capaz de aderir ao ponto de vista do todo. E de construir "amálgamas" em que a distribuição tão igualitária e democrática quanto possível de poder não impeça a produção de poder e a eficiência do ponto de vista de objetivos passíveis de serem tomados como objetivos coletivos.
Fábio Wanderley Reis é cientista político e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Escreve às segundas-feiras
domingo, 15 de novembro de 2009
A Comissão da Verdade
ESTADÃO
Domingo, 15 de Novembro de 2009
Vannuchi e Jobim travam disputa de bastidor por Comissão da Verdade
Ministros não chegam a acordo sobre parte do Plano Nacional de Direitos
Humanos que Lula deve anunciar dia 9
Roldão Arruda
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar no dia 9 de
dezembro, véspera do aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, o novo Plano Nacional de Direitos Humanos, com a definição de
políticas federais para essa área nos próximos anos. Ele quer fazer o
anúncio com o apoio de todos os ministérios. Mas, faltando pouco mais
de 20 dias para o evento, ainda existe uma pedra no meio do caminho:
dois ministros de Lula não conseguem chegar a um acordo sobre uma
importante e delicada parte do plano, que trata da instalação de uma
comissão nacional com amplos poderes para apurar crimes da ditadura
militar e responsabilizar culpados. A exemplo de outros países que já
apuraram os crimes de regimes de exceção, ela teria o nome de Comissão
da Verdade e Justiça.
De um lado da disputa está o ministro de Direitos Humanos, Paulo
Vannuchi, defensor da comissão. Do outro aparece seu colega Nelson
Jobim, da Defesa, avesso à ideia.
Vannuchi argumenta que a comissão seria uma resposta aos anseios das
famílias de pessoas torturadas e mortas nos anos da ditadura. Muitas
não conseguiram até hoje localizar os corpos dos parentes. Na visão de
Jobim, porém, ela traria o risco de animar espíritos revanchistas e
criar atritos desnecessários com as Forças Armadas.
As divergências vão além. Vannuchi acredita que uma comissão com amplos
poderes pode recuperar arquivos em poder de militares e elucidar casos
de desaparecimentos. Jobim aceita as declarações de chefes militares de
que esses arquivos não existem mais. Teriam sido todos destruídos.
Vannuchi acha que os responsáveis pelas torturas, mortes e
desaparecimento de corpos ainda podem ser punidos. Argumenta, escorado
em declarações e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário,
que crimes de violação de direitos humanos, de lesa-humanidade, não
prescrevem.
No sentido contrário, Jobim, que é jurista e já presidiu o Supremo
Tribunal Federal (STF), advoga que a Lei da Anistia envolveu não só
perseguidos políticos, mas também acusados. O objetivo da lei de mão
dupla, segundo tal interpretação, teria sido sobretudo o de reconciliar
o País.
"Não sou revisionista", já disse o ministro da Defesa. "Não temos
legitimidade para rever o acordo político de 1979."
No momento, os dois ministros acompanham os passos do STF, que se
prepara para dar uma resposta a essa polêmica sobre a interpretação da
lei, assinada pelo general João Baptista Figueiredo, nos estertores da
ditadura.
NEGOCIAÇÃO
Espera-se que os dois ministros se reúnam nos próximos dias para tentar
um acordo. Vannuchi já deu sinais de que estaria disposto a mudar o nome
da comissão, retirando a palavra justiça. Ficaria apenas Comissão da
Verdade.
A mudança iria além do nome. Na prática, os integrantes da comissão
evitariam adentrar a área judicial, concentrando-se na busca de
informações para esclarecer fatos da época.
Vannuchi diz que não se deve esperar que a comissão tenha caráter
judicial nem acreditar que possa ser dominada por algum espírito de
revanchismo. "Busca-se sobretudo o reconhecimento pleno do que ocorreu",
afirma.
A margem de negociação de Jobim é mais estreita. Sabe-se que aceitaria
no máximo a criação de uma Comissão de Reconciliação.
PRESSÕES
Diante do impasse, a decisão deve ficar para o presidente Lula. A data
prevista para o anúncio do Plano Nacional de Direitos Humanos, o
terceiro desde 1991, está cada vez mais próxima e as pressões dos grupos
interessados na questão aumentam.
Vannuchi é um petista histórico. Antes da redemocratização militou na
esquerda, participou de uma organização que defendia a resistência
armada, foi preso e torturado. Um parente dele, Alexandre Vannuchi Leme,
morreu nas mãos da polícia política. Não seria exato, porém, afirmar que
defende suas posições baseado exclusivamente em convicções pessoais. No
caso da comissão, é empurrado também pelo dever de ofício.
A decisão de incluir a comissão no Plano Nacional não partiu de
Vannuchi, mas da Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em
dezembro do ano passado. Foram seus participantes, investidos de poderes
deliberativos, que votaram pela criação da comissão. A propósito, vale
recordar que naquele encontro os dois representantes do Ministério da
Defesa votaram contra a proposta. Foram 25 votos a favor e dois contra.
Outro fator que empurra Vannuchi vem do exterior. É cada vez maior a
pressão internacional para que o Brasil conclua o processo de
restauração democrática, com o esclarecimento de fatos do período
- para evitar a repetição de ciclos de violência.
À frente da pasta de Direitos Humanos ele vem enfrentando críticas de
grupos de familiares de mortos e desaparecidos. Neste ano o motivo foi
não ter conseguido frear Jobim no caso da expedição enviada ao Pará,
em busca de corpos dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia.
Os familiares queriam que a expedição ficasse sob controle civil,
vinculada à Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Não achavam
correto que os militares, inimigos dos guerrilheiros no passado,
comandassem as buscas. Mas foi o que ocorreu, após Jobim vencer uma
queda de braço com Vannuchi.
Indignada, a presidente do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro,
Cecília Coimbra, chegou a dizer que as buscas não passavam de encenação
para a mídia.O temor agora é de que se crie uma comissão sem força,
apenas para dar uma resposta às organizações internacionais de direitos
humanos.
Domingo, 15 de Novembro de 2009
Vannuchi e Jobim travam disputa de bastidor por Comissão da Verdade
Ministros não chegam a acordo sobre parte do Plano Nacional de Direitos
Humanos que Lula deve anunciar dia 9
Roldão Arruda
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar no dia 9 de
dezembro, véspera do aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, o novo Plano Nacional de Direitos Humanos, com a definição de
políticas federais para essa área nos próximos anos. Ele quer fazer o
anúncio com o apoio de todos os ministérios. Mas, faltando pouco mais
de 20 dias para o evento, ainda existe uma pedra no meio do caminho:
dois ministros de Lula não conseguem chegar a um acordo sobre uma
importante e delicada parte do plano, que trata da instalação de uma
comissão nacional com amplos poderes para apurar crimes da ditadura
militar e responsabilizar culpados. A exemplo de outros países que já
apuraram os crimes de regimes de exceção, ela teria o nome de Comissão
da Verdade e Justiça.
De um lado da disputa está o ministro de Direitos Humanos, Paulo
Vannuchi, defensor da comissão. Do outro aparece seu colega Nelson
Jobim, da Defesa, avesso à ideia.
Vannuchi argumenta que a comissão seria uma resposta aos anseios das
famílias de pessoas torturadas e mortas nos anos da ditadura. Muitas
não conseguiram até hoje localizar os corpos dos parentes. Na visão de
Jobim, porém, ela traria o risco de animar espíritos revanchistas e
criar atritos desnecessários com as Forças Armadas.
As divergências vão além. Vannuchi acredita que uma comissão com amplos
poderes pode recuperar arquivos em poder de militares e elucidar casos
de desaparecimentos. Jobim aceita as declarações de chefes militares de
que esses arquivos não existem mais. Teriam sido todos destruídos.
Vannuchi acha que os responsáveis pelas torturas, mortes e
desaparecimento de corpos ainda podem ser punidos. Argumenta, escorado
em declarações e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário,
que crimes de violação de direitos humanos, de lesa-humanidade, não
prescrevem.
No sentido contrário, Jobim, que é jurista e já presidiu o Supremo
Tribunal Federal (STF), advoga que a Lei da Anistia envolveu não só
perseguidos políticos, mas também acusados. O objetivo da lei de mão
dupla, segundo tal interpretação, teria sido sobretudo o de reconciliar
o País.
"Não sou revisionista", já disse o ministro da Defesa. "Não temos
legitimidade para rever o acordo político de 1979."
No momento, os dois ministros acompanham os passos do STF, que se
prepara para dar uma resposta a essa polêmica sobre a interpretação da
lei, assinada pelo general João Baptista Figueiredo, nos estertores da
ditadura.
NEGOCIAÇÃO
Espera-se que os dois ministros se reúnam nos próximos dias para tentar
um acordo. Vannuchi já deu sinais de que estaria disposto a mudar o nome
da comissão, retirando a palavra justiça. Ficaria apenas Comissão da
Verdade.
A mudança iria além do nome. Na prática, os integrantes da comissão
evitariam adentrar a área judicial, concentrando-se na busca de
informações para esclarecer fatos da época.
Vannuchi diz que não se deve esperar que a comissão tenha caráter
judicial nem acreditar que possa ser dominada por algum espírito de
revanchismo. "Busca-se sobretudo o reconhecimento pleno do que ocorreu",
afirma.
A margem de negociação de Jobim é mais estreita. Sabe-se que aceitaria
no máximo a criação de uma Comissão de Reconciliação.
PRESSÕES
Diante do impasse, a decisão deve ficar para o presidente Lula. A data
prevista para o anúncio do Plano Nacional de Direitos Humanos, o
terceiro desde 1991, está cada vez mais próxima e as pressões dos grupos
interessados na questão aumentam.
Vannuchi é um petista histórico. Antes da redemocratização militou na
esquerda, participou de uma organização que defendia a resistência
armada, foi preso e torturado. Um parente dele, Alexandre Vannuchi Leme,
morreu nas mãos da polícia política. Não seria exato, porém, afirmar que
defende suas posições baseado exclusivamente em convicções pessoais. No
caso da comissão, é empurrado também pelo dever de ofício.
A decisão de incluir a comissão no Plano Nacional não partiu de
Vannuchi, mas da Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em
dezembro do ano passado. Foram seus participantes, investidos de poderes
deliberativos, que votaram pela criação da comissão. A propósito, vale
recordar que naquele encontro os dois representantes do Ministério da
Defesa votaram contra a proposta. Foram 25 votos a favor e dois contra.
Outro fator que empurra Vannuchi vem do exterior. É cada vez maior a
pressão internacional para que o Brasil conclua o processo de
restauração democrática, com o esclarecimento de fatos do período
- para evitar a repetição de ciclos de violência.
À frente da pasta de Direitos Humanos ele vem enfrentando críticas de
grupos de familiares de mortos e desaparecidos. Neste ano o motivo foi
não ter conseguido frear Jobim no caso da expedição enviada ao Pará,
em busca de corpos dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia.
Os familiares queriam que a expedição ficasse sob controle civil,
vinculada à Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Não achavam
correto que os militares, inimigos dos guerrilheiros no passado,
comandassem as buscas. Mas foi o que ocorreu, após Jobim vencer uma
queda de braço com Vannuchi.
Indignada, a presidente do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro,
Cecília Coimbra, chegou a dizer que as buscas não passavam de encenação
para a mídia.O temor agora é de que se crie uma comissão sem força,
apenas para dar uma resposta às organizações internacionais de direitos
humanos.
sábado, 14 de novembro de 2009
O julgamento de 11 de setembro e o Gov. Obama
Folha de São Paulo, sábado, 14 de novembro de 2009
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Mentor do 11 de Setembro será julgado em Nova York
Khalid Shaikh Mohammed deixará Guantánamo para responder processo nos EUA
Secretário da Justiça diz que governo pedirá a pena de morte ao autoproclamado "cérebro" dos ataques se ele for considerado culpado
O autoproclamado "cérebro" do ataque de 11 de setembro de 2001, o kuaitiano Khalid Shaikh Mohammed, será julgado num tribunal civil federal em Nova York, cuja sede central fica a dez quarteirões de onde se encontravam as torres do World Trade Center, que ele disse ter ajudado a destruir, matando 2.602 pessoas.
A decisão de julgar nos EUA e numa corte civil tanto KSM -como ele é conhecido- como outros quatro suspeitos atualmente detidos na base militar de Guantánamo, em Cuba, faz parte de promessa feita por Barack Obama, de que fecharia a prisão após um ano de mandato. A ação foi anunciada ontem por seu secretário da Justiça, Eric Holder. Ele disse que o governo pedirá a pena de morte para os cinco, caso sejam considerados culpados.
Na mesma ocasião, Holder afirmou que outros cinco suspeitos detidos ali serão julgados naquela parte da ilha cubana sob controle dos EUA, numa versão modificada das comissões militares instituídas pelo republicano George W. Bush (2001-2009). No segundo grupo está o saudita Abd al-Rahim al-Nashiri, suspeito de planejar o ataque ao destróier americano USS Cole, que matou 17 marinheiros em outubro de 2000, no mar do Iêmen.
Dessa maneira, como em bom número de suas ações mais importantes como presidente até agora, Obama fica no meio caminho da decisão histórica, agradando parte de sua base política e alienando outra.
O julgamento dos detidos em Guantánamo em cortes não militares é exigência antiga de entidades de direitos civis, que apontam para o fato de a maioria dos 215 hoje na base nem sequer saber do que é acusada.
Já a decisão de julgar um grupo de suspeitos nos tribunais militares é um retrocesso em relação ao começo de seu governo, quando ele anunciou que suspenderia tais instâncias -e serve para agradar os conservadores, que são contrários tanto ao fechamento de Guantánamo como ao envio de seus detidos para os EUA.
Segundo o governo, os casos julgados pelas comissões são mais sensíveis e tornariam públicas informações importantes da inteligência americana caso fossem levados a tribunais civis. De acordo com entidades como a ACLU, a maior de direitos civis do país, no entanto, o que se teme expor são falhas e desmandos tanto no processo de prisão como no levantamento de provas.
Nova York x Virgínia
Seguindo a lei americana, os detidos em Guantánamo só poderão ser levados ao país 45 dias após o anúncio de ontem e esperarão seu julgamento numa penitenciária federal em Nova York. A decisão sobre a localização do tribunal põe fim a uma disputa entre esse Estado e a Virgínia, onde fica o Pentágono, outro alvo do 11 de Setembro, que queria a primazia.
Indagado sobre a decisão durante viagem ao Japão, ontem, Obama comentou apenas o caso de KSM. "Estou absolutamente convencido de que Khalid Shaikh Mohammed será submetido ao mais exigente processo da Justiça", disse. "O povo americano insiste nisso, assim como meu governo."
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Mentor do 11 de Setembro será julgado em Nova York
Khalid Shaikh Mohammed deixará Guantánamo para responder processo nos EUA
Secretário da Justiça diz que governo pedirá a pena de morte ao autoproclamado "cérebro" dos ataques se ele for considerado culpado
O autoproclamado "cérebro" do ataque de 11 de setembro de 2001, o kuaitiano Khalid Shaikh Mohammed, será julgado num tribunal civil federal em Nova York, cuja sede central fica a dez quarteirões de onde se encontravam as torres do World Trade Center, que ele disse ter ajudado a destruir, matando 2.602 pessoas.
A decisão de julgar nos EUA e numa corte civil tanto KSM -como ele é conhecido- como outros quatro suspeitos atualmente detidos na base militar de Guantánamo, em Cuba, faz parte de promessa feita por Barack Obama, de que fecharia a prisão após um ano de mandato. A ação foi anunciada ontem por seu secretário da Justiça, Eric Holder. Ele disse que o governo pedirá a pena de morte para os cinco, caso sejam considerados culpados.
Na mesma ocasião, Holder afirmou que outros cinco suspeitos detidos ali serão julgados naquela parte da ilha cubana sob controle dos EUA, numa versão modificada das comissões militares instituídas pelo republicano George W. Bush (2001-2009). No segundo grupo está o saudita Abd al-Rahim al-Nashiri, suspeito de planejar o ataque ao destróier americano USS Cole, que matou 17 marinheiros em outubro de 2000, no mar do Iêmen.
Dessa maneira, como em bom número de suas ações mais importantes como presidente até agora, Obama fica no meio caminho da decisão histórica, agradando parte de sua base política e alienando outra.
O julgamento dos detidos em Guantánamo em cortes não militares é exigência antiga de entidades de direitos civis, que apontam para o fato de a maioria dos 215 hoje na base nem sequer saber do que é acusada.
Já a decisão de julgar um grupo de suspeitos nos tribunais militares é um retrocesso em relação ao começo de seu governo, quando ele anunciou que suspenderia tais instâncias -e serve para agradar os conservadores, que são contrários tanto ao fechamento de Guantánamo como ao envio de seus detidos para os EUA.
Segundo o governo, os casos julgados pelas comissões são mais sensíveis e tornariam públicas informações importantes da inteligência americana caso fossem levados a tribunais civis. De acordo com entidades como a ACLU, a maior de direitos civis do país, no entanto, o que se teme expor são falhas e desmandos tanto no processo de prisão como no levantamento de provas.
Nova York x Virgínia
Seguindo a lei americana, os detidos em Guantánamo só poderão ser levados ao país 45 dias após o anúncio de ontem e esperarão seu julgamento numa penitenciária federal em Nova York. A decisão sobre a localização do tribunal põe fim a uma disputa entre esse Estado e a Virgínia, onde fica o Pentágono, outro alvo do 11 de Setembro, que queria a primazia.
Indagado sobre a decisão durante viagem ao Japão, ontem, Obama comentou apenas o caso de KSM. "Estou absolutamente convencido de que Khalid Shaikh Mohammed será submetido ao mais exigente processo da Justiça", disse. "O povo americano insiste nisso, assim como meu governo."
sexta-feira, 13 de novembro de 2009
Brasil e Argentina
Valor Econômico
13/11/2009 09:36
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá só na semana que vem as propostas de seus ministérios para encerrar os atritos com a Argentina provocados pelas barreiras comerciais levantadas pelos dois países. Se optar pelas preferências do Ministério do Desenvolvimento, levará ao encontro com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, a exigência de um cronograma e medidas imediatas para eliminar obstáculos burocráticos criados para exportação de produtos brasileiros, como móveis.
Cristina Kirchner já indicou que considera violações do acordo do Mercosul as exigências de licença prévia a cerca de 35 produtos argentinos impostas pelo Brasil desde o mês passado. Laminados de madeira são um dos itens dessa lista de produtos com dificuldades de entrar no mercado brasileiro, e um exemplo de como as exigências brasileiras são uma retaliação aos entraves impostos pelos argentinos ás vendas brasileiras.
Desde o início do ano, os fabricantes de móveis do Brasil são obrigados a pedir vistos no consulado da Argentina para vender suas mercadorias no país vizinho, o que aumenta os custos e dificulta as operações de pequenos e médios comerciantes do Brasil. Os insistentes pedidos de Brasília para a eliminação dessa exigência ficaram sem resposta, e, por isso, laminados de madeira, usados pela indústria moveleira, foram submetidos a licenças prévias por parte do governo brasileiro, atrasando a entrada no Brasil.
Nesta segunda-feira, as equipes dos ministérios do Desenvolvimento e das Relações Exteriores se reunirão em Brasília para decidir que propostas levarão a Lula, para o encontro com Cristina. No começo da semana, o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, reuniu-se no Rio com o ministro de Relações Exteriores da Argentina, Jorge Taiana, com quem discutiu a elaboração de uma proposta comum, a ser apreciada pelos presidentes. Até ontem, porém, o governo brasileiro não havia chegado a uma decisão sobre o que apresentar aos argentinos.
O ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, é favorável a um tratamento severo em relação aos argentinos, com o argumento de que o sistema de controle das licenças prévias no país vizinho, não informatizado, dificilmente permitirá liberação rápida das licenças aos brasileiros, o que gera insatisfação no setor privado e alimenta pressões no Brasil para medidas semelhantes de contenção de concorrentes argentinos. Os produtores de maçã, por exemplo, conseguiram incluir o produto entre os 35 listados pelo governo para submissão a licenças prévias, o que retém embarques na fronteira.
Amorim tem um problema adicional. Um de seus principais negociadores, o embaixador Ênio Cordeiro, está designado para a embaixada do Brasil em Buenos Aires, o que o deixa em situação delicada. Hábil negociador, um dos principais responsáveis pelo acordo que aliviou os atritos entre Brasil e Paraguai com as exigências paraguaias sobre a energia de Itaipu, Cordeiro terá seu trabalho prejudicado se provocar forte atrito com as autoridades argentina antes mesmo de ocupar seu posto na capital argentina.
Os argentinos já receberam queixa dos brasileiros sobre os efeitos políticos das barreiras contra as mercadorias do Brasil. Afetados por restrições do vizinho, setores industriais pedem proteção contra a concorrência argentina. A inclusão das autopeças na lista dos 35 produtos, por exemplo, é reação à administração lenta das liberações de exportações brasileiras do setor ao sócio no Mercosul. Essa medida, segundo avaliam analistas do governo brasileiro, pode trazer danos à estratégia argentina de industrialização, já que, na incerteza sobre o fornecimento de peças, a indústria automotiva pode preferir deslocar maior parte da produção ao Brasil, mercado maior da região.
O Itamaraty, embora disposto a aumentar o tom na discussão, insiste na necessidade de maior compreensão para as dificuldades políticas do governo Kirchner, com baixa popularidade e difícil relacionamento com o setor privado. O Ministério do Desenvolvimento vem argumentando que, se são permitidas licenças prévias no comércio entre os dois sócios, essa permissão deve valer para todos. Lula, irritado com as queixas frequentes dos empresários em seu gabinete, resolveu arbitrar em favor do endurecimento no trato com os argentinos.
Apesar da forte repercussão política nas complicações entre os dois lados, com repercussão em setores industriais de grande visibilidade, o impacto real das barreiras brasileiras é pequeno - na semana passada contabilizavam-se cerca de U$ 50 milhões em licenças de importação para produtos argentinos retidas nos gabinetes de Brasília, menos de 1% das importações brasileiras daquele país previstas para este ano.
13/11/2009 09:36
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá só na semana que vem as propostas de seus ministérios para encerrar os atritos com a Argentina provocados pelas barreiras comerciais levantadas pelos dois países. Se optar pelas preferências do Ministério do Desenvolvimento, levará ao encontro com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, a exigência de um cronograma e medidas imediatas para eliminar obstáculos burocráticos criados para exportação de produtos brasileiros, como móveis.
Cristina Kirchner já indicou que considera violações do acordo do Mercosul as exigências de licença prévia a cerca de 35 produtos argentinos impostas pelo Brasil desde o mês passado. Laminados de madeira são um dos itens dessa lista de produtos com dificuldades de entrar no mercado brasileiro, e um exemplo de como as exigências brasileiras são uma retaliação aos entraves impostos pelos argentinos ás vendas brasileiras.
Desde o início do ano, os fabricantes de móveis do Brasil são obrigados a pedir vistos no consulado da Argentina para vender suas mercadorias no país vizinho, o que aumenta os custos e dificulta as operações de pequenos e médios comerciantes do Brasil. Os insistentes pedidos de Brasília para a eliminação dessa exigência ficaram sem resposta, e, por isso, laminados de madeira, usados pela indústria moveleira, foram submetidos a licenças prévias por parte do governo brasileiro, atrasando a entrada no Brasil.
Nesta segunda-feira, as equipes dos ministérios do Desenvolvimento e das Relações Exteriores se reunirão em Brasília para decidir que propostas levarão a Lula, para o encontro com Cristina. No começo da semana, o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, reuniu-se no Rio com o ministro de Relações Exteriores da Argentina, Jorge Taiana, com quem discutiu a elaboração de uma proposta comum, a ser apreciada pelos presidentes. Até ontem, porém, o governo brasileiro não havia chegado a uma decisão sobre o que apresentar aos argentinos.
O ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, é favorável a um tratamento severo em relação aos argentinos, com o argumento de que o sistema de controle das licenças prévias no país vizinho, não informatizado, dificilmente permitirá liberação rápida das licenças aos brasileiros, o que gera insatisfação no setor privado e alimenta pressões no Brasil para medidas semelhantes de contenção de concorrentes argentinos. Os produtores de maçã, por exemplo, conseguiram incluir o produto entre os 35 listados pelo governo para submissão a licenças prévias, o que retém embarques na fronteira.
Amorim tem um problema adicional. Um de seus principais negociadores, o embaixador Ênio Cordeiro, está designado para a embaixada do Brasil em Buenos Aires, o que o deixa em situação delicada. Hábil negociador, um dos principais responsáveis pelo acordo que aliviou os atritos entre Brasil e Paraguai com as exigências paraguaias sobre a energia de Itaipu, Cordeiro terá seu trabalho prejudicado se provocar forte atrito com as autoridades argentina antes mesmo de ocupar seu posto na capital argentina.
Os argentinos já receberam queixa dos brasileiros sobre os efeitos políticos das barreiras contra as mercadorias do Brasil. Afetados por restrições do vizinho, setores industriais pedem proteção contra a concorrência argentina. A inclusão das autopeças na lista dos 35 produtos, por exemplo, é reação à administração lenta das liberações de exportações brasileiras do setor ao sócio no Mercosul. Essa medida, segundo avaliam analistas do governo brasileiro, pode trazer danos à estratégia argentina de industrialização, já que, na incerteza sobre o fornecimento de peças, a indústria automotiva pode preferir deslocar maior parte da produção ao Brasil, mercado maior da região.
O Itamaraty, embora disposto a aumentar o tom na discussão, insiste na necessidade de maior compreensão para as dificuldades políticas do governo Kirchner, com baixa popularidade e difícil relacionamento com o setor privado. O Ministério do Desenvolvimento vem argumentando que, se são permitidas licenças prévias no comércio entre os dois sócios, essa permissão deve valer para todos. Lula, irritado com as queixas frequentes dos empresários em seu gabinete, resolveu arbitrar em favor do endurecimento no trato com os argentinos.
Apesar da forte repercussão política nas complicações entre os dois lados, com repercussão em setores industriais de grande visibilidade, o impacto real das barreiras brasileiras é pequeno - na semana passada contabilizavam-se cerca de U$ 50 milhões em licenças de importação para produtos argentinos retidas nos gabinetes de Brasília, menos de 1% das importações brasileiras daquele país previstas para este ano.
domingo, 8 de novembro de 2009
O caso do Bispo Oscar Romero e a resposabilidade do estado salvadorenho
No curso Essencial sobre a Justiça de Transicional promovido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça entre os dias 29 a 31 de outubro passado na cidade do Rio de Janeiro discutiu-se o caso de El Salvador e o Tribunal Internacional de reconhecimento dos crimes praticados contra os Direitos Humanos, crimes contra humanidade. Entre estes crimes está o caso do Bispo Oscar Romero em que Estado Salvadorenho assume a sua responsabilidade. Eis a notícia de El Pais de 8 de novembro de 2009
El Salvador hace justicia a Óscar Romero
El Gobierno salvadoreño reconoce por primera vez la responsabilidad del Estado en el asesinato del arzobispo de la capital del país en 1980
PABLO ORDAZ - Tegucigalpa - 08/11/2009
Al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero lo asesinaron el 24 de marzo de 1980. Sus últimas palabras, pronunciadas un día antes en la catedral de San Salvador, estuvieron dirigidas a los militares: "Están matando a sus mismos hermanos campesinos. Ningún soldado tiene que obedecer la orden de matar. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión". Sólo un disparo en el pecho, justo en el momento de alzar el cáliz en la capilla de un hospital, pudo acallar su voz. Pero al disparo se le unió la guerra civil (1980-1992) y más tarde los largos años que gobernó El Salvador un partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo fundador, Roberto D'Aubuisson, fue también el autor intelectual del asesinato, según determinó la Comisión de la Verdad. Pero la historia ya está cambiando.
El Salvador
Las autoridades se comprometen ante la OEA a investigar el crimen
Se empezó a notar la noche del pasado 15 de marzo. Mauricio Funes, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acababa de ganar las elecciones. Por primera vez, la izquierda iba a gobernar El Salvador. Funes se quitó la chaqueta y la corbata, se puso una guayabera blanca -bajo la que se transparentaba un negro chaleco antibalas- y se dirigió a toda prisa hacia una plaza donde lo esperaba una multitud vestida de rojo. Allí, como si estuviera alzando una bandera, el candidato de los viejos guerrilleros convocó a la memoria de monseñor Romero: "Él dijo que la Iglesia tenía una opción preferencial con los pobres. Eso haré yo. Favorecer a los pobres y a los excluidos".
No tenía sentido que Funes, ya presidente, iniciara tan ingente labor sin empezar reconociendo lo que hasta ahora los sucesivos presidentes de El Salvador -muy católicos todos- habían negado: la responsabilidad del Estado en el asesinato de quien fue llamado "la voz de los sin voz". El pasado viernes, en Washington, una representación del Gobierno salvadoreño se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), a realizar una investigación judicial completa para "identificar, juzgar y sancionar" a todos los autores, materiales e intelectuales, del asesinato. De esta forma, el Gobierno de El Salvador reconoce, por primera vez y de forma plena, la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones. El paso es grande, pero inicia un camino lleno de obstáculos. Para empezar, en El Salvador existe desde 1993 una Ley de la Amnistía que bloquea cualquier investigación sobre los crímenes cometidos durante la guerra. Su derogación, como recordó ayer a este periódico Juan José Figueroa, portavoz de la cancillería salvadoreña, no depende del Gobierno, sino de la Asamblea Legislativa. No obstante, el FMLN ya tiene representación suficiente en la Asamblea para proponer, con ciertas garantías de éxito, la derogación de la ley. A lo que sí se ha comprometido desde ya el Gobierno de Mauricio Funes es, según Figueroa, a llevar a efecto las otras dos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Una es bautizar una plaza con el nombre de monseñor Óscar Arnulfo Romero. La otra consiste en realizar un vídeo para rescatar el legado moral y espiritual del arzobispo".
Ya que no la vida, sí al menos devolverle la voz al que alzó la suya por los que no la tenían... Ni todavía la tienen.
El Salvador hace justicia a Óscar Romero
El Gobierno salvadoreño reconoce por primera vez la responsabilidad del Estado en el asesinato del arzobispo de la capital del país en 1980
PABLO ORDAZ - Tegucigalpa - 08/11/2009
Al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero lo asesinaron el 24 de marzo de 1980. Sus últimas palabras, pronunciadas un día antes en la catedral de San Salvador, estuvieron dirigidas a los militares: "Están matando a sus mismos hermanos campesinos. Ningún soldado tiene que obedecer la orden de matar. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión". Sólo un disparo en el pecho, justo en el momento de alzar el cáliz en la capilla de un hospital, pudo acallar su voz. Pero al disparo se le unió la guerra civil (1980-1992) y más tarde los largos años que gobernó El Salvador un partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo fundador, Roberto D'Aubuisson, fue también el autor intelectual del asesinato, según determinó la Comisión de la Verdad. Pero la historia ya está cambiando.
El Salvador
Las autoridades se comprometen ante la OEA a investigar el crimen
Se empezó a notar la noche del pasado 15 de marzo. Mauricio Funes, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acababa de ganar las elecciones. Por primera vez, la izquierda iba a gobernar El Salvador. Funes se quitó la chaqueta y la corbata, se puso una guayabera blanca -bajo la que se transparentaba un negro chaleco antibalas- y se dirigió a toda prisa hacia una plaza donde lo esperaba una multitud vestida de rojo. Allí, como si estuviera alzando una bandera, el candidato de los viejos guerrilleros convocó a la memoria de monseñor Romero: "Él dijo que la Iglesia tenía una opción preferencial con los pobres. Eso haré yo. Favorecer a los pobres y a los excluidos".
No tenía sentido que Funes, ya presidente, iniciara tan ingente labor sin empezar reconociendo lo que hasta ahora los sucesivos presidentes de El Salvador -muy católicos todos- habían negado: la responsabilidad del Estado en el asesinato de quien fue llamado "la voz de los sin voz". El pasado viernes, en Washington, una representación del Gobierno salvadoreño se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), a realizar una investigación judicial completa para "identificar, juzgar y sancionar" a todos los autores, materiales e intelectuales, del asesinato. De esta forma, el Gobierno de El Salvador reconoce, por primera vez y de forma plena, la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones. El paso es grande, pero inicia un camino lleno de obstáculos. Para empezar, en El Salvador existe desde 1993 una Ley de la Amnistía que bloquea cualquier investigación sobre los crímenes cometidos durante la guerra. Su derogación, como recordó ayer a este periódico Juan José Figueroa, portavoz de la cancillería salvadoreña, no depende del Gobierno, sino de la Asamblea Legislativa. No obstante, el FMLN ya tiene representación suficiente en la Asamblea para proponer, con ciertas garantías de éxito, la derogación de la ley. A lo que sí se ha comprometido desde ya el Gobierno de Mauricio Funes es, según Figueroa, a llevar a efecto las otras dos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Una es bautizar una plaza con el nombre de monseñor Óscar Arnulfo Romero. La otra consiste en realizar un vídeo para rescatar el legado moral y espiritual del arzobispo".
Ya que no la vida, sí al menos devolverle la voz al que alzó la suya por los que no la tenían... Ni todavía la tienen.
sábado, 7 de novembro de 2009
Resenha sobre o novo livro de Ost a respeito do multilinguismo
http://www.laviedesidees.fr/Le-multilinguisme-est-un-humanisme.html
Resenha do novo livro de François Ost enviada pela Profa Deisy Ventura do Idejust
Resenha do novo livro de François Ost enviada pela Profa Deisy Ventura do Idejust
quarta-feira, 4 de novembro de 2009
Comissão Interamericana de DH - Chile
http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=117 Audio sobre audiência da Comissão Interamericana de DH sobre a ditadura Chilena
domingo, 1 de novembro de 2009
Repensando as categorias sobre violência e Direito Penal
Folha de São Paulo de primeiro de novembro de 2009
Punição da pobreza
EUA E EUROPA OCIDENTAL VÊM ADOTANDO MEDIDAS POLICIAIS E JURÍDICAS PARA TENTAR LIDAR COM OS EFEITOS PERVERSOS DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS
Desde há muito tempo, os noticiários informam sobre a chamada "guerra entre os comandos" e sobre as operações policiais em áreas tidas como críticas -assim chamadas pela intelligentsia policial- no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Nas últimas semanas, essa "intermitente guerra duplamente articulada" ganhou, novamente, visibilidade na grande mídia. Era a vez do Rio de Janeiro. Os jornais televisivos transmitiram as imagens de um helicóptero da Polícia Militar "pegando fogo" em pleno voo, instantes após ter sido alvejado por projéteis disparados por algum poderoso armamento, empunhado pelas mãos de algum "criminoso".
Também assistimos a cenas de tiroteios, de pessoas ensanguentadas diante das câmeras, de choro, de desespero. No dia 25 passado, as forças públicas já contabilizavam mais de 40 mortos e outros tantos feridos.
Sem bem-estar
Não há dúvidas de que se está no calor de uma hora que já se alonga por anos... No olho de um furacão que ainda não conhecemos bem, nem sua natureza nem sua extensão, tampouco sua intensidade. É preciso um exame meticuloso. Sobre as operações policiais, a crescente preocupação governamental com segurança aparece como uma importante pista para os analistas que se esforçam na produção de conceituações que respondam aos problemas impostos pelos acontecimentos em tela.
Nessa senda, é indispensável considerar os estudos de Loïc Wacquant, com destaque para os livros "Os Condenados da Cidade" (Revan, 2001), "As Prisões da Miséria" (Jorge Zahar, 2001) e "As Duas Faces do Gueto" (Boitempo, 2008). O autor vem detectando um amplo processo de transformação nas sociedades avançadas do capitalismo ocidental -mas também na América Latina.
Consiste, fundamentalmente, na realização daquilo que denomina "punição da pobreza", conjunto de medidas elaboradas para administrar os efeitos das políticas neoliberais, decorrentes do abandono sistemático das regulamentações de bem-estar social.
Mutação histórica
Sobre os rejeitados da sociedade de mercado intensificam-se as políticas públicas de polícia, jurídicas e prisionais, seja como forma de substituição (no caso dos EUA), seja como forma de suplementação (no caso da Europa ocidental) das políticas de educação, saúde, seguridade e habitação.
Em suma, Wacquant fala de uma mutação histórica na qual, simultaneamente, processa-se o fenecimento do Estado de bem-estar social e a prosperidade do Estado penal.
Procedendo desse modo, Wacquant faz um vigoroso deslocamento em relação às noções de Estado neoliberal correntes durante a década de 90. Pois, ao invés de voltar-se para os conceitos prontos, dando as costas às mutações históricas, o autor se volta para as relações que atravessavam esses Estados.
Ele mostra que suas constituições ocorrem na própria operação das estratégias governamentais (aproximando-se fortemente dos ganhos teóricos fornecidos por Michel Foucault em suas já clássicas análises sobre o Estado). É preciso fazer o mesmo para analisar os casos do Rio de Janeiro e de São Paulo: deslocar o diagnóstico de Wacquant em proveito do que vem sendo observado.
Afinal, os modelos de substituição e de suplementação das políticas de Estado de bem-estar social pelas políticas de Estado penal não parecem pertinentes para pensar o Brasil, que nunca chegou a consolidar algo parecido com um Estado de bem-estar.
Com relação às chamadas "guerras entre comandos", as melhores pistas têm sido dadas por pesquisadores que se debruçam sobre esses coletivos sem utilizar os tradicionais vieses jurídicos. Evitam, assim, tornarem-se analistas estatais a observar as degenerescências (ou exotismos) de um mundo não oficial.
Estudo de relações
Merecem destaque o livro "Um Abraço para Todos os Amigos - Algumas Considerações sobre o Tráfico de Drogas no Rio de Janeiro", de Antônio Rafael Barbosa (Eduff, 1998), a dissertação "Junto e Misturado - Imanência e Transcendência no PCC", de Karina Biondi (Universidade Federal de São Carlos, SP, 2009), e a tese "Fronteiras de Tensão - Um Estudo sobre Política e Violência nas Periferias de São Paulo", de Gabriel Feltran (Universidade Estadual de Campinas, 2008).
Nesses escritos, em vez de nos depararmos com os péssimos conceitos prontos "crime organizado", "criminalidade organizada", "Estado paralelo", "sindicato do crime", "máfia" e, ainda, com a improdutiva divisão binária entre "trabalhadores" e "criminosos", encontramos uma meticulosa atenção às relações que atravessam os objetos estudados. Essas duas frentes analíticas são imprescindíveis para trazer para fora do inominável esse estado de coisas intolerável.
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ADALTON MARQUES é mestrando em antropologia social na USP.
Punição da pobreza
EUA E EUROPA OCIDENTAL VÊM ADOTANDO MEDIDAS POLICIAIS E JURÍDICAS PARA TENTAR LIDAR COM OS EFEITOS PERVERSOS DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS
Desde há muito tempo, os noticiários informam sobre a chamada "guerra entre os comandos" e sobre as operações policiais em áreas tidas como críticas -assim chamadas pela intelligentsia policial- no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Nas últimas semanas, essa "intermitente guerra duplamente articulada" ganhou, novamente, visibilidade na grande mídia. Era a vez do Rio de Janeiro. Os jornais televisivos transmitiram as imagens de um helicóptero da Polícia Militar "pegando fogo" em pleno voo, instantes após ter sido alvejado por projéteis disparados por algum poderoso armamento, empunhado pelas mãos de algum "criminoso".
Também assistimos a cenas de tiroteios, de pessoas ensanguentadas diante das câmeras, de choro, de desespero. No dia 25 passado, as forças públicas já contabilizavam mais de 40 mortos e outros tantos feridos.
Sem bem-estar
Não há dúvidas de que se está no calor de uma hora que já se alonga por anos... No olho de um furacão que ainda não conhecemos bem, nem sua natureza nem sua extensão, tampouco sua intensidade. É preciso um exame meticuloso. Sobre as operações policiais, a crescente preocupação governamental com segurança aparece como uma importante pista para os analistas que se esforçam na produção de conceituações que respondam aos problemas impostos pelos acontecimentos em tela.
Nessa senda, é indispensável considerar os estudos de Loïc Wacquant, com destaque para os livros "Os Condenados da Cidade" (Revan, 2001), "As Prisões da Miséria" (Jorge Zahar, 2001) e "As Duas Faces do Gueto" (Boitempo, 2008). O autor vem detectando um amplo processo de transformação nas sociedades avançadas do capitalismo ocidental -mas também na América Latina.
Consiste, fundamentalmente, na realização daquilo que denomina "punição da pobreza", conjunto de medidas elaboradas para administrar os efeitos das políticas neoliberais, decorrentes do abandono sistemático das regulamentações de bem-estar social.
Mutação histórica
Sobre os rejeitados da sociedade de mercado intensificam-se as políticas públicas de polícia, jurídicas e prisionais, seja como forma de substituição (no caso dos EUA), seja como forma de suplementação (no caso da Europa ocidental) das políticas de educação, saúde, seguridade e habitação.
Em suma, Wacquant fala de uma mutação histórica na qual, simultaneamente, processa-se o fenecimento do Estado de bem-estar social e a prosperidade do Estado penal.
Procedendo desse modo, Wacquant faz um vigoroso deslocamento em relação às noções de Estado neoliberal correntes durante a década de 90. Pois, ao invés de voltar-se para os conceitos prontos, dando as costas às mutações históricas, o autor se volta para as relações que atravessavam esses Estados.
Ele mostra que suas constituições ocorrem na própria operação das estratégias governamentais (aproximando-se fortemente dos ganhos teóricos fornecidos por Michel Foucault em suas já clássicas análises sobre o Estado). É preciso fazer o mesmo para analisar os casos do Rio de Janeiro e de São Paulo: deslocar o diagnóstico de Wacquant em proveito do que vem sendo observado.
Afinal, os modelos de substituição e de suplementação das políticas de Estado de bem-estar social pelas políticas de Estado penal não parecem pertinentes para pensar o Brasil, que nunca chegou a consolidar algo parecido com um Estado de bem-estar.
Com relação às chamadas "guerras entre comandos", as melhores pistas têm sido dadas por pesquisadores que se debruçam sobre esses coletivos sem utilizar os tradicionais vieses jurídicos. Evitam, assim, tornarem-se analistas estatais a observar as degenerescências (ou exotismos) de um mundo não oficial.
Estudo de relações
Merecem destaque o livro "Um Abraço para Todos os Amigos - Algumas Considerações sobre o Tráfico de Drogas no Rio de Janeiro", de Antônio Rafael Barbosa (Eduff, 1998), a dissertação "Junto e Misturado - Imanência e Transcendência no PCC", de Karina Biondi (Universidade Federal de São Carlos, SP, 2009), e a tese "Fronteiras de Tensão - Um Estudo sobre Política e Violência nas Periferias de São Paulo", de Gabriel Feltran (Universidade Estadual de Campinas, 2008).
Nesses escritos, em vez de nos depararmos com os péssimos conceitos prontos "crime organizado", "criminalidade organizada", "Estado paralelo", "sindicato do crime", "máfia" e, ainda, com a improdutiva divisão binária entre "trabalhadores" e "criminosos", encontramos uma meticulosa atenção às relações que atravessam os objetos estudados. Essas duas frentes analíticas são imprescindíveis para trazer para fora do inominável esse estado de coisas intolerável.
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ADALTON MARQUES é mestrando em antropologia social na USP.
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